Además de las decisiones tomadas semanas atrás por el gobierno de Estados Unidos referentes a la salida de Chevron de Venezuela, así como la aplicación de aranceles secundarios del 25% a quienes compren petróleo venezolano, ahora se suma la medida de revocar las licencias que permiten las operaciones de compañías como Repsol, ENI y Maurel & Prom en territorio venezolano.
En ese contexto, el economista venezolano Luis Vicente León, director de Datanalisis, se refirió a esa política de «máxima presión», señalando que solo puede ocasionar uno de dos resultados. El primero sería «provocar cambios políticos» y el segundo «castigar simultáneamente al gobierno y a la población, sin una esperanza real de transformación».
Pese a que reconoce como una posibilidad de que las medidas de la administración de Donald Trump conlleven a un cambio político en Venezuela, León se enfocó en la segunda alternativa.
«La experiencia histórica demuestra que cuando las sanciones se prolongan en el tiempo (y Venezuela ya lleva casi una década bajo ellas), su capacidad de generar cambios se diluye (comparto plenamente la tesis del secretario del Tesoro de USA cuando dice que son como los antibióticos). Los gobiernos sancionados terminan adaptándose y trasladando los costos a terceros, generalmente a la población«, dijo en X, antes Twitter.
Y enfatizó que no se trata de una «teoría abstracta», sino que eso es lo que ha sucedido en naciones como Cuba, Corea del Norte, Irán y, «evidentemente, en Venezuela».
En eso sentido, condenó que actores políticos estén a favor de las sanciones.
«Esto deja en evidencia que los discursos políticos que piden ‘sacrificios temporales’ a la población son meramente retóricos. La realidad es clara: las sanciones golpean directamente al pueblo, que sufre la pérdida de empleos, la inflación descontrolada, la paralización de negocios, el desabastecimiento de combustible y gas, el colapso de los servicios públicos y las dificultades para migrar y establecerse en otros países. Todo esto agravando los problemas que ya existían antes de las sanciones. Es un amplificador de crisis», aseguró.
De igual manera calificó como «absurda» la afirmación de que las sanciones no afectan a la población.
«En un país petrolero, es imposible restringir la producción y venta de petróleo sin afectar a la economía y a la gente«, expresó.
Y siguió: «La pregunta que debe hacerse a los políticos venezolanos que promueven las sanciones (por cierto cada vez menos) es: ¿realmente creen que estas medidas provocarán un cambio de gobierno, cuando la historia ha demostrado una y otra vez su ineficacia o simplemente están impulsando un castigo contra el gobierno, aunque esto implique un castigo permanente para el pueblo y el país al que supuestamente representan y defienden?No hace falta ser demasiado perspicaz para comprender que quienes llaman a más sanciones están, en el fondo, diciéndole a la población: ‘Sufre las consecuencias de nuestra incapacidad para generar un cambio político’».
