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En Colombia, la eutanasia es legal desde 1997, cuando la Corte Constitucional, el máximo tribunal de justicia del país, despenalizó su práctica para pacientes terminales que consintieran de manera libre e informada.
Aunque la despenalización ocurrió en 1997, no fue hasta 2015 cuando se practicó el primer procedimiento de este tipo, después de que el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución 1216, que establecía el protocolo para garantizar el acceso a la eutanasia de Ovidio González, quien se convirtió en la primera persona en acceder a este derecho en Colombia.
Esta resolución definió los procedimientos y requisitos para que los pacientes pudieran solicitar la muerte asistida, luego de que, en un principio, la Clínica de Oncólogos de Occidente de Pereira canceló el procedimiento.
En 2021, la Corte Constitucional amplió nuevamente el derecho a la eutanasia para personas con enfermedades graves e incurables, no necesariamente en fase terminal, mediante la Sentencia C-233.
Un derecho que aún presenta dificultades para acceder
A pesar de este marco legal, el abogado especialista en seguridad social Luis Carlos Giraldo señala que el acceso a la eutanasia en Colombia aún enfrenta obstáculos significativos.
“En este momento hay casos en los que es difícil acceder a ella, pero mientras las personas cumplan con los requisitos que establece la Corte Constitucional, tienen el derecho de hacerlo”, explicó en diálogo con la Voz de América.
Para Giraldo, la falta de regulación desde el Congreso, al que la Corte Constitucional ha exhortado a legislar sobre la muerte digna en el país, conlleva a que los trámites legales sean extensos, retrasando o impidiendo el acceso oportuno al procedimiento.
“La eutanasia está despenalizada por la Corte Constitucional, pero hasta el momento el Congreso no la ha legalizado. A partir de ahí, existen muchas barreras, entonces hay que regular quién, médico o enfermero, será el personal de salud habilitado para garantizar la realización del procedimiento sin ningún tipo de obstáculo”, precisó Giraldo, quien en 2022, mediante un procedimiento judicial, ayudó a que Víctor Escobar, con una enfermedad incurable, pudiera acceder a la eutanasia.
Además, destacó que muchos médicos y centros de salud, amparados en la falta de regulación legislativa, se niegan a practicar la eutanasia por motivos éticos o religiosos, estableciendo barreras administrativas.
“El comité técnico de la entidad prestadora de salud está conformado por médicos, quienes al final deciden si lo aplican o no, y en muchas ocasiones no se acogen a efectuar los procedimientos de eutanasia”, agregó.
Es el caso de Erika Morales, quien padece una cuadriplejia irreversible, según su familia, provocada por una golpiza de dos mujeres y cuya vida depende de un respirador artificial. Por esa razón, reclama su derecho a la eutanasia.
“El pronóstico de ella no es recuperable. Nos manifestó que no deberíamos tenerla como un cuerpo viviente, por lo que pidió que se le practicara la eutanasia. Realizamos la solicitud a la EPS, pero no hemos tenido una respuesta favorable”, dijo a la VOA su hermana, Maritza Morales.
Cifras desde el primer procedimiento
Desde que se aplicó el primer procedimiento en 2015 hasta diciembre de 2023, según cifras recopiladas por la firma de abogados DescLAB, se han practicado 692 procedimientos de eutanasia en Colombia.
De estos, el 76 % correspondieron a pacientes con diagnósticos oncológicos. La distribución por género revela que un 52,9 % fueron hombres y un 47,1 % mujeres.
“Es importante señalar que todas las personas en Colombia tenemos derecho a decidir sobre el final de nuestra vida y, cuando se cumplen los criterios establecidos, a expresar nuestra voluntad de morir dignamente. No deberían existir barreras para acceder a la eutanasia”, dice Francisco Castellanos, director de la ONG Defensa del Paciente, que ha asesorado a 82 personas que cumplen los criterios de la Corte a acceder a la eutanasia.
Comparativa regional
Colombia es pionera en América Latina en la legalización y regulación de la eutanasia. En contraste, en otros países de la región, la eutanasia permanece ilegal o carece de una regulación.
En Perú, por ejemplo, en un caso similar al de Colombia, la justicia peruana reconoció en 2024 el “derecho a morir con dignidad” de Ana Estrada, convirtiéndola en la primera paciente en obtener este derecho.
Mientras que en Argentina, Chile, México y Uruguay persiste el debate sobre la muerte digna sin una legislación clara. Diversas organizaciones concluyen que los factores culturales y religiosos han jugado un papel clave en la resistencia para su regulación en gran parte del continente.
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