La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, abordó recientemente el polémico tema de las deportaciones masivas de venezolanos al Centro de Reclusión del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, calificando estas acciones como un intento de criminalizar a los migrantes venezolanos bajo el mandato de Donald Trump.
En una entrevista concedida al periódico El Tiempo, Goebertus señaló que muchos de los deportados no cometieron ningún delito en territorio estadounidense y no fueron sometidos a un juicio con un debido proceso.
Según la defensora de derechos humanos, el gobierno de Trump estigmatiza a los migrantes venezolanos al acusarlos sin justificación de ser miembros del Tren de Aragua, una organización criminal.
«Desde la campaña presidencial, lo que ha habido es un esfuerzo por intentar estigmatizar a los migrantes venezolanos, acusándolos, sin ninguna justificación, de ser miembros del Tren de Aragua», comentó.
La activista detalló que el gobierno de Estados Unidos utilizó esta acusación para justificar la cancelación del Estatuto de Protección Temporal (TPS) de los venezolanos y su deportación acelerada, a veces incluso a lugares como Guantánamo.
La abogada también denunció que muchos de los deportados fueron señalados solo por tener tatuajes, a pesar de que los expertos coinciden en que los miembros del Tren de Aragua no se identifican de esa manera.
«Es triste ver esta pobreza investigativa en las autoridades de Estados Unidos. Cualquiera que haya cometido un delito violento como los que comete el Tren de Aragua debe ser judicializado. Pero lo que no se puede hacer es deportar sin debido proceso a los venezolanos que, en su gran mayoría, están huyendo de la dictadura de Maduro y tratando de construir una nueva vida para sus familias», afirmó.
Goebertus también expuso las condiciones inhumanas en las que se encuentran los deportados en El Salvador, particularmente en el Cecot. La directora de HRW presentó una declaración jurada ante el juez James Emanuel Boasberg, del Distrito de Columbia, en la que describe la falta de comunicación con el exterior y el acceso a recursos judiciales en el sistema carcelario salvadoreño.
Además, denunció que las audiencias judiciales en El Salvador suelen ser virtuales y abarcan a cientos de imputados al mismo tiempo, lo que dificulta el acceso a una defensa adecuada.
Aunque HRW no ha podido ingresar al Cecot, Goebertus resaltó que en otras cárceles del país documentaron casos de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y muertes.
«Enviar a cualquier persona a estas condiciones es una violación de derechos humanos. Mucho peor en este caso, cuando ni el gobierno de Estados Unidos ni el de El Salvador han presentado pruebas de que se trate de miembros del Tren de Aragua», concluyó.
Finalmente, Goebertus aseguró que HRW está documentando cada uno de los casos de los venezolanos deportados, subrayando que en muchos de ellos el único «delito» de los afectados ha sido huir de la situación política y económica en Venezuela y, en algunos casos, tener un tatuaje.
