El Gobierno de Venezuela sigue llevando a cabo acciones que constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política, cometido en relación con los delitos de encarcelamiento o privación grave de la libertad física, y otros crímenes, según afirmó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (la Misión) en su última actualización sobre la situación de los derechos humanos en el país.
En su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra hoy día, la Misión informó que continúan las detenciones arbitrarias de personas opositoras, o percibidas como tales, incluidos miembros de la oposición política, así como personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Fuentes no gubernamentales han documentado al menos 42 arrestos entre septiembre y diciembre de 2024, y 84 más durante los primeros 15 días de enero de 2025. Algunas de estas detenciones podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración.
«El Gobierno venezolano sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o que simplemente expresen disidencia o crítica de las autoridades», declaró Marta Valiñas, presidenta de la Misión. «Este es el mismo patrón de actuación que la Misión ha previamente caracterizado como crímenes de lesa humanidad».
Asimismo, la Misión expresó su preocupación por la detención de al menos 150 personas extranjeras acusadas de participar en conspiraciones contra el Gobierno. Tanto las familias como las autoridades de los países de su nacionalidad desconocen la suerte y el paradero de estas personas. «Los esfuerzos diplomáticos para intentar comunicarse con las personas detenidas son ignorados por el Gobierno de Nicolás Maduro, en contra del derecho internacional», afirmó Francisco Cox, experto de la Misión. «Las personas detenidas son mantenidas en estrictos regímenes de incomunicación, lo que viola el derecho nacional e internacional».
La Misión también proporcionó más detalles al Consejo sobre una de las protestas poselectorales de julio de 2024 en el estado de Aragua, en la que murieron siete personas. La Misión confirmó que se realizaron disparos sin previo aviso desde el interior de una instalación militar contra las personas que se manifestaban. Miembros del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana encargados de controlar la protesta se encontraban dentro de esa instalación.
«La Misión ha identificado a tres generales que estuvieron involucrados en la operación de control del orden público en esta protesta, así como a dos altos oficiales que se encontraban dentro de la instalación militar desde la cual se disparó contra los manifestantes», señaló Patricia Tappatá, experta de la Misión. «El Estado de Venezuela debe investigar este incidente, llevar ante la justicia a los responsables y proporcionar reparación a las víctimas».
La FFM solicitó al Consejo que inste al Gobierno a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente, y a prestarles atención médica adecuada y oportuna mientras sigan detenidas.
Antecedentes: En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la por un año para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. La Misión presentó su último informe anual durante un dialogo interactivo del Consejo en septiembre de 2024, acompañado de un documento de sesión con sus conclusiones detalladas. En su resolución 57/36 el Consejo prorrogó el mandato de la Misión internacional por dos años más, hasta octubre de 2026.
