La promesa de deportaciones masivas del presidente Donald Trump sigue enfrentando obstáculos judiciales luego de que este viernes dos jueces paralizaran los intentos de su Gobierno para continuar deteniendo inmigrantes y expulsándolos rápidamente fuera de Estados Unidos.
El juez James Boasberg, del tribunal de primera instancia de Washington, ordenó ampliar hasta el 12 de abril un bloqueo temporal que dictó el 15 de marzo y que impide al Gobierno utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a inmigrantes que supuestamente son miembros de la pandilla criminal transnacional Tren de Aragua.
El magistrado federal, con el que Trump mantiene una controversia por esa decisión, amplió ese bloqueo que iba a expirar este sábado y fijó en el 8 de abril una audiencia para tratar el posible endurecimiento de la medida.
La Administración Trump hizo una solicitud de emergencia al Tribunal Supremo para que le permita aplicar esa ley, de 1789, para deportar a venezolanos sin el debido proceso, tal y como hizo a mediados de mes cuando envió a cerca de 200 ciudadanos del país caribeño a una prisión en El Salvador.
El argumento ante el máximo foro judicial del país es que se trata de una cuestión de seguridad nacional demasiado urgente como para ser resuelta en tribunales de menor instancia.
Aparte de eso, el Gobierno de Trump sufrió otro revés en un tribunal de Boston, donde otro juez federal emitió otra orden nacional que le impide deportar inmigrantes a países con los que EE.UU. no mantiene una relación sin darles la posibilidad de que acudan a un tribunal para impugnar la decisión.
La orden del juez Brian Murphy es resultado de una demanda de un grupo de inmigrantes contra una política adoptada recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con miras a acelerar las deportaciones de aquellos que habían sido previamente liberados de los centros de detención.
Esa orden permanecerá vigente hasta que el juez resuelva la petición de los demandantes para una medida cautelar de mayor duración, y escuchará sus argumentos en una audiencia el 10 de abril. EFE
