Una manifestación exigió el jueves un aumento a las pensiones «de hambre» en Venezuela que no llegan a los 2 dólares mensuales, congeladas desde hace tres años y golpeadas por la devaluación de la moneda local.
«Nos aplican la pena de muerte porque con los salarios que ganamos no nos alcanza para comer», dijo a la AFP Ana Mercedes Lares, jubilada de un hospital público de 71 años, que acudió a esta manifestación de unas 40 personas frente a la Defesoría del Pueblo.
«Si no fuese por mis hijos, por mis nietos», que la ayudan económicamente, «hubiera muerto», añadió.
Los 130 bolívares que reciben los pensionados del Seguro Social equivalían a unos 30 dólares en 2022, cuando se decretó el último aumento del salario mínimo. Hoy son 1,96 dólares.
Un jubilado de la administración pública puede ganar un poco más, pero igual es un ingreso precario.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro normalmente responsabiliza por los bajos salarios a las sanciones que desde 2019 aplica Estados Unidos a Venezuela.
En los últimos años ha optado por complementar el salario mínimo de los empleados públicos activos con bonificaciones que llevan el ingreso mínimo mensual a 130 dólares, pero no impactan en beneficios sociales. Los pensionados no los reciben.
Expertos estiman que una compra mensual básica para una familia de cuatro personas varía entre 270 y 500 dólares.
«Tenemos pensiones y salarios de hambre, estamos en situación de indigentes sociales», expresó por su parte Ana Rosario Contreras, también jubilada de la administración pública.
