El Gobierno de Daniel Noboa ha anunciado que un grupo de seguridad privada estadounidense colaborará en la seguridad de Ecuador, un país con una de las tasas de homicidios más altas del mundo y cuyas autoridades han sido infiltradas por el narcotráfico. El mandatario ha revelado que ha sellado una “alianza estratégica” con Erik Prince, el fundador de Blackwater, la controvertida firma de mercenarios, con el objetivo de fortalecer las capacidades del país en la lucha contra el narcoterrorismo y en la protección del espacio marítimo frente a la pesca ilegal.
Esta decisión no es un acto aislado. El presidente había anunciado días antes que estaba en búsqueda de apoyo internacional para su batalla contra el crimen organizado que ha desbordado las fronteras del control estatal, con cerca de 2.000 muertes violentas en menos de tres meses, masacres, secuestros, extorsiones, una decena de delitos que tienen en vilo a la población. La violencia ha alcanzado niveles alarmantes, y contenerla se ha convertido en una urgencia, especialmente a puertas de unas elecciones presidenciales, en las que Noboa se juega la reelección en un apretado balotaje con la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González.
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Erik Prince, conocido por haber fundado Blackwater, la mayor empresa de seguridad privada estadounidense durante la guerra en Irak, es una figura cuyo nombre está irremediablemente ligado a la controversia. En 2007, varios de sus mercenarios estuvieron involucrados en la matanza de 17 civiles iraquíes en la plaza de Nisour, en Bagdad, durante una operación de escolta de diplomáticos. Tras la sospecha de un ataque insurgente, los contratistas de Blackwater abrieron fuego indiscriminadamente, matando a varios civiles. Este episodio, que desató la condena internacional, llevó a Prince a renombrar la empresa y a venderla, pero no a borrar su pasado. Los responsables fueron condenados, aunque más tarde recibieron el indulto presidencial de Donald Trump, un acto que ha dejado una sombra de impunidad sobre su nombre.
Con la alianza entre Noboa y Prince, Ecuador no solo se enfrenta a un dilema de privatizar la seguridad, sino también a un cuestionamiento ético sobre el costo de las medidas extremas. En ocasiones, el joven mandatario parece estar dispuesto a cruzar los límites éticos y del derecho internacional, en aras de la “estabilidad”, como ocurrió con el asalto a la embajada de México en Quito, o con su apoyo a los militares implicados en un crimen de Estado por la desaparición forzada y asesinato de cuatro niños.
