Pese a la liberación en los últimos meses de unas 2.000 personas arrestadas en el contexto de las protestas postelectorales en Venezuela, las detenciones arbitrarias continúan para perseguir a la oposición, denunció la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
En un debate en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de Venezuela en 2025, la alta comisionada adjunta de la oficina, Nada Al Nashif, reconoció la liberación de al menos 2.006 detenidos según cifras estatales (1.485 según organizaciones de la sociedad civil), pero denunció la persistencia de los abusos.
«La independencia judicial no es respetada ni garantizada y la legislación antiterrorista continúa siendo ampliamente usada para perseguir y detener a personas en violación del debido proceso y las garantías de juicio justo», aseguró la ‘número dos’ de derechos humanos de Naciones Unidas.
«Pedimos el fin de las detenciones arbitrarias y la liberación incondicional e inmediata de todos estos arrestados, incluyendo defensores de derechos humanos, investigadores, miembros de partidos políticos y sus familiares, periodistas y trabajadores humanitarios y de ONG», señaló.
Al Nashif citó recientes denuncias sobre el uso de la tortura en centros de detención como el de Rodeo I, a las afueras de Caracas, y la muerte de al menos tres personas bajo custodia a las que se denegó tratamiento médico.
La oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk también ha recibido denuncias de maltrato a familiares de detenidos, como la denegación arbitraria de visitas o situaciones abusivas durante registros al entrar.
Al Nashif subrayó que continúan también perpetrándose desapariciones forzadas de opositores, activistas y periodistas, entre otros colectivos, en un contexto de amplia restricción del espacio cívico y «un clima de miedo, intimidación y persecución que silencia las voces percibidas como disidentes».
La alta comisionada adjunta hizo un llamado a que la reforma constitucional anunciada por las autoridades venezolanas se elabore de forma transparente y participativa, «oyendo a todas las voces de la sociedad» y garantizando que toda enmienda respete el derecho internacional.
Al Nashif también recordó los abusos que sufren colectivos especialmente vulnerables como los indígenas, que «continúan sufriendo el impacto de las prácticas mineras ilegales en sus territorios» en áreas como el estado de Amazonas.
Agregó que las sanciones internacionales continúan afectando de forma desproporcionada a los más vulnerables en un país donde unos 7,6 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, por lo que deben ser levantadas.
Al Nashif cerró su intervención ante el Consejo pidiendo al Gobierno venezolano que permita el retorno completo del personal de la oficina al país, «dentro de un marco legal claro».
EFE
