El juez federal que ordenó al Gobierno de Donald Trump pausar los vuelos de deportación a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por el presidente se negó este lunes a levantar su bloqueo, al alegar que los venezolanos expulsados merecían una audiencia antes, para determinar si realmente son pandilleros.
En su dictamen de este lunes, el juez de distrito James Boasberg rechazó una petición de los abogados del Gobierno republicano, que alegan que los más de 200 inmigrantes enviados hace una semana a una megacárcel de El Salvador pertenecen a la pandilla Tren de Aragua.
El Gobierno no ha mostrado evidencia sobre la supuesta afiliación criminal de los inmigrantes. Múltiples familiares han identificado a sus seres queridos en la megacárcel y han dicho a Noticias Telemundo que no pertenecen a ninguna pandilla.
El juez Boasberg dijo este lunes que el Gobierno usó para las deportaciones la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 en una manera “sin precedentes” y que su uso estuvo “fuera del contexto típico de guerra”. Añadió que debe ser un tribunal el que determine si los deportados pertenecían o no a una organización criminal.
“Los demandantes nombrados rechazan ser miembros del Tren de Aragua y no pueden ser deportados hasta que un tribunal haya podido decidir sobre el fondo de su impugnación”, indicó el juez.
Además señaló que los migrantes deportados se enfrentan a posibles “torturas, golpizas, e incluso la muerte” en la megacárcel de El Salvador, que el país centroamericano construyó para albergar a algunos de los criminales más peligrosos.
Boasberg aseguró que el Gobierno de Trump aún puede deportar venezolanos, pero a través de las vías habituales, y no haciendo uso de la ley del siglo XVIII que no se ha empleado por décadas. El magistrado añadió que los miembros del Tren de Aragua podían ser expulsados bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
El Gobierno invoca el secreto de Estado
La Administración Trump se negó a revelar los detalles de los vuelos de deportación en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros al invocar el privilegio de secretos de Estado, según un nuevo documento judicial presentado en la noche de este lunes.
El documento de la Administración incluye declaraciones de la fiscal general, Pam Bondi; el secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Rubio afirmó en su declaración que revelar más información sobre los vuelos de deportación “amenaza con perjudicar significativamente los intereses de Estados Unidos en materia de asuntos exteriores y seguridad nacional”.
Añadió que hacerlo podría hacer que “los gobiernos de los estados extranjeros se enfrenten a presiones internas e internacionales”, lo que haría menos probable que ellos y otros “trabajen en cooperación con Estados Unidos en el futuro”.
La presentación ante la corte fue en respuesta a un plazo fijado para el martes por el juez en el caso sobre si la Administración estaba invocaría el privilegio de secretos de Estado en este caso.
Entretanto, la fiscal general, Pam Bondi, defendió la decisión de la Administración Trump sobre los vuelos de deportación y apuntó directamente al juez de distrito Boasberg durante una entrevista en Fox News en la noche de este lunes.
“El juez James Boasberg está tratando de controlar toda nuestra política federal, nuestra política exterior, todo lo que hacemos, un solo juez de distrito”, dijo Bondi al presentador Sean Hannity.
“Estoy bastante segura de que tendremos éxito, y este juez será derrotado en su fallo, su muy pobre fallo”, añadió.
Inmigración
El Gobierno invoca privilegio de secreto de Estado para no entregar información que le pidió juez en el caso de los deportados a El Salvador
El juez James Boasberg dijo este lunes que los cientos de venezolanos enviados a una megacárcel del país centroamericano bajo la Ley de Enemigos Extranjeros están expuestos a “torturas, palizas e incluso la muerte”.
El juez federal que ordenó al Gobierno de Donald Trump pausar los vuelos de deportación a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por el presidente se negó este lunes a levantar su bloqueo, al alegar que los venezolanos expulsados merecían una audiencia antes, para determinar si realmente son pandilleros.
En su dictamen de este lunes, el juez de distrito James Boasberg rechazó una petición de los abogados del Gobierno republicano, que alegan que los más de 200 inmigrantes enviados hace una semana a una megacárcel de El Salvador pertenecen a la pandilla Tren de Aragua.
El Gobierno no ha mostrado evidencia sobre la supuesta afiliación criminal de los inmigrantes. Múltiples familiares han identificado a sus seres queridos en la megacárcel y han dicho a Noticias Telemundo que no pertenecen a ninguna pandilla.
El juez Boasberg dijo este lunes que el Gobierno usó para las deportaciones la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 en una manera “sin precedentes” y que su uso estuvo “fuera del contexto típico de guerra”. Añadió que debe ser un tribunal el que determine si los deportados pertenecían o no a una organización criminal.
“Los demandantes nombrados rechazan ser miembros del Tren de Aragua y no pueden ser deportados hasta que un tribunal haya podido decidir sobre el fondo de su impugnación”, indicó el juez.
Además señaló que los migrantes deportados se enfrentan a posibles “torturas, golpizas, e incluso la muerte” en la megacárcel de El Salvador, que el país centroamericano construyó para albergar a algunos de los criminales más peligrosos.
Boasberg aseguró que el Gobierno de Trump aún puede deportar venezolanos, pero a través de las vías habituales, y no haciendo uso de la ley del siglo XVIII que no se ha empleado por décadas. El magistrado añadió que los miembros del Tren de Aragua podían ser expulsados bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
