La administración del Donald Trump admitió oficialmente haber deportado a cuatro extranjeros originarios de Venezuela hacia El Salvador, pese a una orden judicial que establecía que cualquier persona con una orden final de deportación debía tener la oportunidad de presentar preocupaciones relacionadas con su seguridad antes de ser enviada a un tercer país.
La revelación se hizo mediante presentaciones judiciales realizadas durante la noche, en las que los abogados del Departamento de Justicia defendieron la legalidad del traslado, según pudo constatar ABC News.
De acuerdo con estos argumentos, la remoción no violó la orden del juez federal Brian Murphy, emitida el 28 de marzo, debido a que en esta ocasión fue llevado a cabo por el Departamento de Defensa y no por el Departamento de Seguridad Nacional, que es parte demandada en el caso.
Los migrantes fueron trasladados a Guantánamo y luego a El Salvador
Los cuatro venezolanos fueron identificados como presuntos miembros del Tren de Aragua, y los trasladaron en avión desde la Base Naval de Guantánamo hacia El Salvador, de acuerdo con una declaración jurada presentada por Tracey Huettl, responsable del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Huettl afirmó que cada uno tenía antecedentes penales significativos y había sido identificado por las autoridades federales como integrantes del grupo criminal.
Se conoció que uno de los detenidos admitió ser miembro del Tren de Aragua, y señaló que reclutaba prostitutas para la organización. Otro fue acusado por múltiples delitos, incluyendo disparos y robo; un tercero sería un delincuente sexual condenado por tráfico humano y agresión doméstica; mientras que el cuarto fue arrestado por posesión y uso de drogas.
Pese a estas afirmaciones, ninguno contaba con órdenes específicas para ser deportado a El Salvador antes del traslado ocurrido el 31 de marzo, lo que genera cuestionamientos sobre la legalidad del proceso. La decisión judicial también contempla una audiencia programada para el 28 de abril para investigar posibles violaciones a las órdenes temporales dictadas previamente por Murphy.
El juez Murphy emitió además una orden preliminar el pasado viernes que obliga a la administración Trump a ofrecer siempre la oportunidad a los no ciudadanos para plantear inquietudes relacionadas con su seguridad antes de proceder con deportaciones hacia terceros países.
