Kerry Kennedy, abogada y activista por los derechos humanos, denunció este lunes en San Salvador que le fue negado el acceso a una cárcel de El Salvador para verificar las condiciones de 10 migrantes venezolanos, detenidos en este país, cuyas familias demandan saber cuál es su situación.
La hija de Robert F. Kennedy y presidenta de la fundación pro derechos humanos que lleva su nombre, RFK Human Rights, junto con un equipo de abogados brindaron una conferencia de prensa en la que expusieron la razón de su visita a El Salvador.
«Representamos a un grupo de 10 venezolanos que fueron secuestrados por agentes de ICE ( el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), de Estados Unidos y trasladados aquí a El Salvador, junto con otros 250 migrantes venezolanos», indicó la activista.
Denunció que «a pesar del derecho que tienen nuestros clientes, y los miles de salvadoreños detenidos, de ser atendidos por sus abogados, el Gobierno de El Salvador, empezando por el presidente (Nayib) Bukele, no respetó estos derechos y nos negaron a nosotras, sus abogadas, el acceso a nuestros clientes».
Kennedy y el grupo de abogados solicitó entrar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde están detenidos más de 200 migrantes venezolanos, pero les fue negado. Además, según expusieron, solicitaron reuniones con el presidente, Bukele, con el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, y con Cancillería pero sin ningún éxito.
Kennedy añadió que también buscaron conocer el estado del salvadoreño Kilmar Ábrego, detenido en una cárcel en el occidente del país centroamericano tras ser deportado desde Estados Unidos a pesar de tener un estatus legal en el país norteamericano.
«Hemos venido aquí para reunirnos con nuestros clientes y comprobar cómo se encuentra el residente estadounidense Kilmar García, pero no lo hemos conseguido, agregó la abogada.
El presidente Donald Trump invocó una ley de 1789 -conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros- para justificar las expulsiones de los migrantes venezolanos, acusándolos de ser parte del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que el Gobierno calificó como «terrorista».
El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con el presidente Bukele para poder enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el Cecot, una prisión para miembros de pandillas.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
En total, EE.UU. ha enviado a esta cárcel a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusándolos de pertenecer a la banda Tren de Aragua.
Sin embargo, según un análisis publicado la semana pasada por el portal Bloomberg, un 90 % de los más de 200 hombres que EE.UU. tiene encarcelados en el país centroamericano no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.EFE
