El Gobierno del presidente Donald Trump confirmó este lunes 21 de abril a un tribunal estadounidense que Kilmar Ábrego García fue trasladado del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) a una cárcel de menor seguridad, donde se encuentra en “excelente estado de salud”.
En un documento entregado a un tribunal federal de Maryland, que lleva el caso de Ábrego García, el Gobierno Trump dijo que la administración de Nayib Bukele había confirmado que el inmigrante se encuentra “en buenas condiciones” en el Centro Industrial en Santa Ana, donde fue trasladado.
La jueza federal Paula Xinis ordenó al Gobierno proporcionar actualizaciones diarias sobre el estado y la ubicación de Ábrego García. En el reporte de este lunes, Estados Unidos confirmó el envío del migrante a una cárcel de menor seguridad, reseña EFE.
El salvadoreño, de 29 años y residente en Maryland, fue enviado el pasado 15 de marzo, junto a más de 250 inmigrantes, en su mayoría venezolanos, al Cecot, donde permanecía incomunicado.
El traslado del inmigrante al Cecot ha desatado una batalla jurídica en Estados Unidos, después de que la Casa Blanca admitiera que lo había deportado por “un error administrativo”, pero se niegue a traerlo de regreso.
La semana pasada el senador estadounidense Chris Van Hollen viajó a El Salvador para pedir la liberación de Ábrego García, residente hace más de una década en Maryland, el estado que representa el legislador.
Aunque no pudo hacer que lo liberaran, el legislador estadounidense se reunió con el inmigrante, que le informó que había sido trasladado a otra cárcel en Santa Anta, pero que sigue sin poder comunicarse con el exterior y está «traumatizado» tras su experiencia en la megacárcel, notoria por las denuncias de abusos a los derechos humanos.
Este lunes una delegación de cuatro congresistas demócratas y el abogado Chris Newman, de la Red Nacional de Jornaleros (Ndlon), llegó a El Salvador para presionar por la liberación y el regreso del inmigrante a EE. UU.
En la batalla judicial por el caso de Ábrego García, el Supremo de EE. UU. se puso del lado del inmigrante en un fallo respaldando la orden de la jueza Xinis, que instruye al Gobierno a «facilitar» el retorno del salvadoreño, pues tanto EE. UU. como El Salvador han negado tener la potestad para hacerlo.
