Dieciocho relatores y expertos de la ONU en derechos humanos expresaron este miércoles su «profunda preocupación» por la deportación de más de 250 venezolanos y salvadoreños, presuntamente vinculados con delincuencia organizada, desde Estados Unidos a El Salvador, mediante procedimientos al parecer ilegales.
«En muchos casos, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 parece haberse aplicado incorrectamente para impedir el debido proceso, la revisión independiente y el acceso a los tribunales, en contravención con el derecho internacional de los derechos humanos», destacaron los expertos en un comunicado conjunto.
Además, la falta del debido proceso produjo «deportaciones arbitrarias» de muchas personas que no estaban involucradas con bandas violentas, dijeron los expertos.
También recordaron que el derecho internacional, bajo el principio de no devolución, prohíbe deportar a cualquier persona a un lugar en donde exista un riesgo sustancial de privación arbitraria de vida, tortura, desaparición forzada, detención arbitraria u otros abusos.
En ese sentido, recordaron que en las cárceles de El Salvador ha habido denuncias de muertes, torturas y malos tratos, violencia intracarcelaria y desapariciones forzadas.
«Hacemos un llamado al Gobierno de El Salvador para que permita el acceso inmediato y sin restricciones a los organismos de monitoreo independientes a las cárceles que albergan a los deportados», dijeron los expertos.
Éstos también expresaron su preocupación por el hecho de que Estados Unidos haya considerado ilegítimamente a las bandas violentas como organizaciones «terroristas», para justificar la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros.
«El crimen organizado es un problema distinto que debería abordarse mediante marcos legales más apropiados. Estigmatizar falsamente a las personas como ‘terroristas’ pone aún más en peligro sus derechos», subrayaron. EFE
