Dos semanas en suspenso llevan las familias de los 237 migrantes venezolanos que fueron trasladados por Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, la cárcel de máxima seguridad creada por el presidente Nayib Bukele para encerrar a pandilleros. No han sabido de ellos desde el día que varios de ellos conversaron con sus familias para informar que serían deportados en un vuelo a Venezuela y después aparecieron en el país centroamericano. El nuevo envío este lunes de otros 17 migrantes al Cecot encendió las alarmas.
Se han organizado actos públicos, recolecciones de firmas y marchas para rechazar las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos a los que han sido sometidos. También se contrató un bufete de abogados en El Salvador para su defensa. Este fin de semana, Nicolás Maduro aseguró que había hablado con secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, para pedir que actúen en favor de los más de 200 migrantes “secuestrados” en El Salvador.
“A los dos les solicité diligencias como altas autoridades del sistema de Naciones Unidas para que el Gobierno de El Salvador responda judicialmente y entregue la lista de los venezolanos migrantes secuestrados”, dijo el mandatario chavista.
En Maracaibo, la familia de Alirio Belloso acumula días de angustia. En Estados Unidos, su hermano espera que esta semana los bloqueos judiciales que han emprendido algunos jueves para ponerle freno a la orden de Donald Trump lleguen a un resultado. Alirio, de 30 años, cruzó el río que separa Estados Unidos de México en noviembre de 2023, se entregó a la policía federal y a los días lo liberaron sin ninguna orden de deportación. Alirio siguió su camino a Utah donde trabajaba manejando para Uber. En enero, cinco días después de que Trump llegó a la Casa Blanca, lo detuvieron en una redada y ahí comenzó otro viaje.
Desde que detuvieron a Alirio, sus familiares pudieron seguir su estatus y ubicación a través del código de su expediente en la web del ICE. De Utah lo trasladaron a Nevada, de ahí a Washington, donde se presentó ante un juez que ordenó la deportación y certificó que no tenía récords criminales en Estados Unidos, aunque sí tatuajes con los nombres de su hija y su madre. Luego lo trasladaron a Laredo, Texas. Ahora está en El Salvador. “Después de ese día su registro en el ICE quedó en cero”.
Lo vieron en los videos que difundió el presidente Bukele con la cabeza rapada. Pero desde entonces han perdido todo contacto o posibilidad de seguimiento. “Él se fue a Estados Unidos por la razón que se van todos. No tenía trabajo. Su hermano está allá y lo ayudó con el viaje”, dice Nataly, que también tiene una historia de migración a Perú y un regreso. En Maracaibo, Alirio tiene a su hija de 8 años que pregunta cuándo podrá llamarlo y a la que le responden que, por ahora, él no puede hablar.
