El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este martes que el Ministerio Público designó a la Fiscalía 92 Nacional en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a los fines de investigar los hechos donde una ciudadana venezolana de nombre Yorelis Bernal, migrante repatriada recientemente gracias al “Plan Vuelve a la patria”, quien denunció que el Gobierno de los Estados Unidos «secuestró» a su hija de dos años, mientras ella se encontraba en proceso de deportación.
Según Saab, el «inaudito secuestro» de esta niña se suma al «cruel método usado para separarla de sus progenitores», ya que el padre de la infante fue trasladado «ilegalmente» desde EE. UU. a un «campo de concentración» de El Salvador y a la madre fue deportada a Venezuela.
Tarek William Saab se preguntó: «¿Qué dice la ONU y la UNICEF al respecto, junto a los organismos de protección de la infancia en el mundo? ¿Cuales son las acciones urgentes que han realizado para que dicha inocente vuelva a estar con sus padres?».
La máxima autoridad del Ministerio Público también se refirió al reciente comunicado emitido por la Asociación Americana de Juristas (AAJ) el cual ratifica que el Gobierno de El Salvador está cometiendo «crímenes de lesa humanidad contra los migrantes venezolanos trasladados ilegalmente» desde Estados Unidos.
“Reafirman algo que hemos venido denunciando desde el primer día y es que el gobierno de Estados Unidos y Bukele serían corresponsables de crímenes de lesa humanidad”, sostuvo.
Agregó que se ha cometido una «violación del artículo 7 del Tratado de Roma, al existir un ataque generalizado en contra de una población civil, y cumplirse otros supuestos».
En el marco de la clase magistral titulada “La Justicia Penal en Venezuela: Desafíos y perspectivas del Ministerio Público en la garantía de los Derechos Humanos” en la sede de la Escuela Nacional de Fiscales (ENF), Saab resaltó que un total de 252 migrantes venezolanos se encuentran en una situación de «desaparición forzada» en el país centroamericano.
“El concepto real es un traslado ilegal, porque la deportación tiene previamente un proceso de carácter legal y estos compatriotas han sido secuestrados y están en una situación de desaparición forzada, porque no hay una lista oficial”, expresó.
Destacó que “esta acción que ha legitimado y validado el presidente salvadoreño (Nayib Bukele) lo ha convertido en un tirano trasnacional”.
En sus declaraciones ante los medios de comunicación, el titular de la acción penal en el país señaló que los venezolanos «secuestrados» en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), son víctimas de «desaparición forzada», así como de «tratos crueles, inhumanos y degradantes».
Saab recordó que el pasado 27 de abril, la organización no gubernamental, fundada en 1975, ya había denunciado la «violación de los derechos constitucionales y humanos» de los ciudadanos venezolanos que se encuentran de «manera ilegal» en el Cecot.
“La Asociación Americana de Juristas denuncia que estos ciudadanos fueron detenidos y expulsados de manera arbitraria, forzada, humillante y en violación al derecho de revisión judicial de los Estados Unidos”, señaló Saab.
En este sentido, la máxima autoridad del Ministerio Público destacó que la AAJ señala en su comunicado que la recepción de venezolanos en cárceles salvadoreñas “en el contexto de una previa negociación mercantil de seres humanos y la posterior oferta de ser canjeados por presuntos presos políticos en Venezuela, demuestra un fin político, generando graves violaciones de los derechos humanos”.
Asimismo, Saab indicó que las acciones del mandatario centroamericano llevan consigo el «delito de trata de personas».
“Yo le he dado una interpretación jurídica a esta acción y he dicho que lo que ha hecho Bukele es el delito de trata de personas, él está traficando con personas a cambio de que le den 7 millones de dólares”, resaltó.
Señaló además que Bukele cree tener «inmunidad eterna», pero que llegará el momento donde «deberá dar respuestas por sus acciones».
“Llegará el momento en que el señor Bukele va a ser procesado y enjuiciado a nivel y a escala de lo que compete a los organismos de derechos humanos”, comentó Saab.
