Las audiencias de asilo de los venezolanos expulsados a la cárcel de pandilleros de El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros terminan igual: pospuestas por la ausencia involuntaria de los inmigrantes. Le pasa al abogado Martin Rosenow y a sus colegas, que representan a estos jóvenes y comparten sus experiencias en un grupo de la red social Signal.
Esta semana dieron un giro: en al menos seis casos confirmados por Univision Noticias, el gobierno federal pidió a las cortes cerrar los procesos por la ausencia de los inmigrantes en Estados Unidos.
Esto último le pasó a Rosenow, quien representa al venezolano Franco Caraballo Tapia en su petición de asilo. Antes de ser expulsado a El Salvador en uno de los vuelos que salió de Texas el 15 de marzo, Caraballo tenía una cita con la corte el 19 de ese mes: «Se mantuvo (la cita) en el sistema inclusive hasta después de que lo habían enviado al Cecot». Esa audiencia fue cancelada el día antes. Después de eso, ha sido reagendada por el juez en tres ocasiones más: pasó del 19 de marzo al 2 de julio, del 2 de julio al 2 de abril, y del 2 de abril al 6 de mayo de 2025.
Pero el miércoles el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) introdujo ante la corte una petición para cerrar el caso de Caraballo. A contrarreloj, Rosenow preparaba este jueves su respuesta: se opondrá a la solicitud.
Este descenlace se está repitiendo con los casos de más venezolanos enviados a El Salvador: «Cuando ICE hizo lo mismo en otro caso de un colega, el juez fue muy severo con ICE y rechazó la moción», cuenta el abogado. «Quieren desestimar los casos y darlos por terminado porque ya no están (…) Como este es un caso sin precedentes, no sabría decir cómo va a actuar el juez de inmigración».
Pasó también con el caso de asilo de Andry Hernández Romero, un maquillador que también fue expulsado a El Salvador en los vuelos del 15 de marzo: 45 minutos antes del inicio de su audiencia de este miércoles, el gobierno introdujo una petición para cerrar su caso. El Centro de Defensores Legales de los Migrantes (ImmDef) explicó a Univision Noticias que sus abogados tienen hasta el 15 de mayo para presentar los argumentos por los que el caso de asilo de este venezolano no puede ser desestimado. La siguiente audiencia —en la que se revisarán la petición y los argumentos de la defensa— ocurrirá a finales de mayo.
De los nueve casos que representa ImmDef, el gobierno pidió cerrar cuatro: en dos —incluyendo el de Hernández— introdujo la petición antes las cortes; en otros dos lo solicitó de forma oral y el juez le pidió presentar la petición formalmente.
Univision Noticias consultó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a ICE sobre el número de venezolanos expulsados a El Salvador con casos de asilo pendientes en cortes de inmigración en Estados Unidos y sobre el futuro de sus procesos. No obtuvo respuesta.
Frustración ante la «violación al debido proceso»
En el grupo de Signal en el que está Rosenow con más abogados de inmigración —de California, Texas, Nueva York y Florida— el sentimiento es el mismo, cuenta: «Todos hemos expresado nuestra frustración con la falta de información, la violación del debido proceso para las personas que estaban en sus trámites de asilo y el hecho de que no tenemos ninguna forma de contactar a nuestros clientes», dice Rosenow en entrevista con Univision Noticias.
Ya han transcurrido 40 días desde el envío de 238 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) tras la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros.
«Eso es muy inusual. Yo supongo que el mismo juez, que es quien decide sobre las fechas de las audiencias, no sabe qué hacer sin tener a Franco físicamente presente en el centro de detención», explica.
Sus colegas abogados le han contado que cuando llegan a las audiencias, el juez le consulta a los fiscales del gobierno dónde está la persona: «La fiscalía dice: ‘No sabemos. No podemos dar ninguna información porque no sabemos’, y lo que ha hecho el juez es postergar la audiencia, manteniendo el caso de asilo vigente». Univision Noticias corroboró con organizaciones que esto ha ocurrido en más casos.
Típicamente, cuando una persona no se presenta en su audiencia ante un juez de inmigración, se emite una orden de deportación en ausencia. En el caso de los venezolanos enviados a El Salvador, Rosenow asegura que por las decisiones de los jueces de inmigración se entiende que «saben que la persona no tiene control sobre esa ausencia y que si tuviera la oportunidad, estaría presente».
El gobierno federal ha rebatido en cortes y en alocuciones públicas que tiene la custodia de los venezolanos expulsados. La fiscal general Pam Bondi dijo en la Casa Blanca la semana pasada que los venezolanos están bajo jurisdicción del gobierno de El Salvador y que devolverlos al país es una decisión exclusiva del presidente Nayib Bukele. Sin embargo, senadores, abogados y constitucionalistas aseguran que siguen bajo la tutela de Estados Unidos, quien paga al gobierno salvadoreño por albergarlos en el Cecot, tal como hace ICE al subcontratar los servicios de centros de detención privados para sus arrestados.
Esta semana, Bukele propuso al gobierno de Venezuela un canje: enviarle a los venezolanos en el Cecot a cambio de la liberación de prominentes presos políticos, como la activista de derechos humanos Rocío San Miguel. Rosenow explica a Univision Noticias que si esto se concreta con venezolanos que tienen casos de asilo pendientes, como Franco, se estarían violando la norma legal —en convenciones internacionales ratificadas por Estados Unidos— del non-refoulement: «No se puede enviar a alguien que esté pidiendo refugio a un país donde lo están persiguiendo».
Los documentos del caso de Franco y su esposa muestran que huyeron de Venezuela tras sufrir persecución y violencia de parte de funcionarios militares por apoyar a la líder opositora María Corina Machado.
Una investigación del diario The New York Times halló que de los 238 venezolanos expulsados, sólo 32 tienen acusaciones criminales serias. En ese grupo hay personas condenadas por asesinato en Venezuela, agresión sexual y secuestro en Chile, y un ataque en Chicago. De resto, las ofensas son menores: sobrepaso del límite de velocidad en zonas escolares o conducir sin documentos, entre otros.
Hasta ahora, el gobierno de Trump no ha mostrado evidencias fuertes para relacionar a estos venezolanos con la banda venezolana Tren de Aragua. La más repetida en el discurso político han sido los tatuajes de relojes, coronas, rosas, trenes o frases como ‘Real hasta la muerte’. Pero expertos en el tema e incluso reportes de inteligencia de agencias de Estados Unidos insisten en que ni la banda se carateriza por usar tatuajes específicos ni ellos son un elemento definitorio de sus miembros.
No le dijeron que era señalado de ser del Tren de Aragua
Ninguna autoridad —ni en Estados Unidos ni en El Salvador— le ha confirmado a Rosenow que Franco Caraballo está en el Cecot.
Él ha llegado a la conclusión sin información de las agencias federales. Las primeras sospechas saltaron en su mente cuando no pudo conseguirlo más en los registros del localizador de detenidos de ICE y cuando el venezolano no llamó más a su esposa desde el centro de ICE.
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