Defensores de derechos de los inmigrantes y derechos civiles han renovado sus preocupaciones de que los inmigrantes detenidos en la Bahía de Guantánamo están siendo retenidos en un aislamiento extremo, privados de acceso significativo a asistencia legal o comunicación franca con sus familiares, según una nueva demanda legal presentada el sábado.
En la demanda, presentada en nombre de dos inmigrantes nicaragüenses detenidos en la base naval de Estados Unidos en Cuba, los abogados afirman que existe un clima de “miedo e intimidación extremos” que interfiere con los derechos constitucionales al debido proceso y a la asesoría legal.
La nueva demanda solicita a un juez federal en Washington que intervenga en nombre de todos los inmigrantes que sean enviados a Guantánamo, que las autoridades han utilizado como estación de paso para inmigrantes a quienes el presidente Donald Trump llama “los peores”, con órdenes finales de deportación, al tiempo que su gobierno busca intensificar las deportaciones masivas.
“Los oficiales en Guantánamo han creado un clima de miedo e intimidación extremos donde los detenidos inmigrantes tienen miedo de comunicarse libremente con sus abogados”, se lee en la demanda, añadiendo que las condiciones son más restrictivas que en las instalaciones de detención en el continente, prisiones y, en algunos casos, custodia militar en tiempo de guerra en la Bahía de Guantánamo.
El Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa la base, declinó comentar sobre la demanda y remitió las solicitudes al Departamento de Seguridad Nacional, que de momento no respondió a un correo electrónico el sábado.
En marzo, un juez federal falló en contra de los intentos de los defensores de ayudar a los migrantes en Guantánamo y prevenir más traslados allí, días después que el gobierno estadounidense sacara a todos los migrantes de la instalación.
Dos nicaragüenses que llegaron desde entonces han presentado declaraciones judiciales que describen su travesía a través de centros de detención en Luisiana hasta Cuba y describen sus preocupaciones de que las conversaciones telefónicas están siendo monitoreadas y podrían causarles castigos o represalias.
Los abogados no tienen contacto en persona con los clientes en la base y dicen que están encadenados y enfrentan restricciones durante las llamadas telefónicas legales que se transmiten por altavoz con oficiales sentados fuera de una puerta abierta. Eso socava el derecho a la comunicación confidencial y el privilegio abogado-cliente, sostiene la demanda.
La querella también señala que algunos detenidos han sido interrogados por el FBI sobre posible afiliación a pandillas estando rodeados de oficiales militares. Una persona fue desnudada en busca de un cepillo de dientes perdido, y otra fue encerrada en una celda de concreto sin ventanas ni luces durante cuatro días, añade.
“Se me ha permitido hablar con mi familia unas 20 veces. Cada llamada dura unos cinco minutos”, dijo Johon Suazo-Muller en una declaración escrita al tribunal que fue traducida al inglés.
Él dijo que emigró a Estados Unidos desde Nicaragua en octubre de 2023 en busca de asilo por conflicto político y una vida mejor.
“No se me permite dar ninguna información sobre mi permanencia en Guantánamo”, añadió Suazo-Muller. “No puedo decir dónde estoy ni detalles sobre cómo estoy”.
