Una jueza federal emitió el lunes una orden que frena temporalmente la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de cancelar en bloque los permisos de ‘parole’ humanitario otorgados a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La magistrada Indira Talwani determinó en su fallo que el programa «no puede ser cancelado sin una evaluación individual de cada caso», tal como lo exige la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Talwani subrayó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) «no presentó una justificación suficiente ni demostró un interés público claro» para terminar de forma generalizada con esta medida, que permite a los migrantes vivir y trabajar temporalmente en el país. También criticó que la terminación del programa «obligaría» a los inmigrantes a abandonar Estados Unidos o permanecer en situación irregular.
El fallo suspende la ejecución de la orden de Trump del 25 de marzo de 2025, que anunciaba la revocación inmediata de la libertad condicional y los permisos de trabajo de más de medio millón de migrantes acogidos al programa CHNV, sin evaluaciones personalizadas.
La jueza recordó que la ley otorga al Secretario de Seguridad Nacional la facultad de conceder parole de forma temporal y discrecional, exclusivamente “caso por caso” y por motivos humanitarios urgentes o de beneficio público significativo. La suspensión ordenada por el tribunal permanecerá vigente mientras se resuelve el fondo del litigio.
El programa CHNV fue creado inicialmente en octubre de 2022 para atender el creciente flujo de venezolanos hacia la frontera sur de Estados Unidos, y posteriormente fue extendido a ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua. A través de este proceso, personas con patrocinadores legales en EE.UU. podían recibir autorización para ingresar y permanecer en el país durante dos años, con la posibilidad de trabajar legalmente.
La demanda presentada por los beneficiarios del programa cuestiona la legalidad de la revocación masiva sin procesos individuales, y alega que la medida viola los procedimientos administrativos establecidos por la ley.
La decisión de Trump
Hace tres semanas, el Gobierno de Trump anunció la revocación del estatus de parole humanitario para aproximadamente 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Según un documento publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la medida, que entraría en vigor el 24 de abril, eliminaría los permisos de trabajo y las protecciones contra la deportación de estos migrantes.
El DHS justificó la decisión argumentando que los programas no lograron reducir significativamente la migración irregular en la frontera suroeste y, en cambio, “generaron una carga adicional para las comunidades locales y el sistema de inmigración”.
Además, la Administración Trump señaló que estos programas «son inconsistentes con su política exterior, que prioriza la seguridad fronteriza y la aplicación estricta de las leyes de inmigración».