Una jueza federal del distrito de Colorado bloqueó temporalmente en un dictamen de emergencia el uso de la llamada Ley de Extranjeros Enemigos (aprobada en el siglo 18) para deportar a inmigrantes indocumentados venezolanos que residen en ese estado, según información difundida este martes.
La jueza Charlotte N. Sweeney falló a favor de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en el caso de dos venezolanos que fueron detenidos y podrían ser deportados por su presunta asociación con la banda criminal transnacional Tren de Aragua (TdA), algo que ellos niegan, según sus abogados.
El dictamen prohíbe temporalmente la deportación de todos los extranjeros que se encuentran actualmente bajo custodia en el Distrito de Colorado y que podrían estar sujetos a deportación en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por el presidente Donald Trump el mes pasado.
La decisión de la jueza se basa en que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó la semana pasada que toda persona deportada en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros tiene el derecho de una audiencia de apelación en un tribunal federal antes de la deportación.
Por eso, jueces federales de Nueva York y Texas también se expresaron a favor de suspender temporalmente las deportaciones en esos estados hasta que se establezca un procedimiento para permitir dichas apelaciones.
En el caso de Colorado, la suspensión de las deportaciones tiene una vigencia de 14 días, por lo que la jueza Sweeney programó una audiencia para el 21 de abril.
Cabe mencionar que la ley en cuestión solamente se ha utilizado en otras tres ocasiones en la historia de Estados Unidos, la más reciente en el contexto de ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.
Uno de los favorecidos por la nueva orden es D.B.U., un hombre de 31 años que huyó de Venezuela después de ser encarcelado por su actividad política. El hombre fue arrestado en enero durante una redada en lo que las autoridades policiales locales y el Servicio de Inmigración y Aduanas calificaron como una “fiesta del Tren de Aragua” en el Condado Adams, al norte de Denver.
Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), 41 personas arrestadas esa noche carecían de presencia legal en el país y “decenas de ellas” estarían vinculadas con la mencionada pandilla, incluyendo D.B.U., debido a un tatuaje.
El otro hombre representado por la ACLU, de 25 años, huyó de Venezuela después de que dos miembros de su familia fueran asesinados por pandilleros. R.M.M. fue detenido por agentes de inmigración en marzo después de que agentes federales lo vieran frente a un edificio vinculado a los pandilleros. También R.M.M. fue identificado como pandillero por sus tatuajes.
En su documento, la ACLU argumenta que “la actividad delictiva no cumple con las definiciones tradicionales” de los “requisitos legales” para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, ya que los inmigrantes no representan ni a un país extranjero ni a un ejército invasor. Y esa ley, dice la ACLU, sólo se aplicó anteriormente “en tiempos de guerra”.
