El gobierno del presidente Donald Trump deportó el mes pasado a centenas de hombres venezolanos a El Salvador y los envió a una cárcel de máxima seguridad para miembros de bandas. El gobierno alegó que la mayoría de los hombres eran integrantes de la banda venezolana el Tren de Aragua, un grupo que, según la orden ejecutiva que decreta las deportaciones, está “llevando a cabo una guerra irregular y emprendiendo acciones hostiles contra Estados Unidos”.
El Tren de Aragua no está invadiendo Estados Unidos. Aunque la organización de investigación InSight Crime, que ha seguido a la banda durante años, ha descubierto que tiene una presencia limitada en Estados Unidos, los investigadores no han visto evidencia de que esta tenga células organizadas en el país que cooperen entre sí, y mucho menos que reciban instrucciones del extranjero. Las exageradas afirmaciones del gobierno y la consiguiente preocupación pública por las actividades del grupo en Estados Unidos equivalen a un clásico pánico moral, en el que un conjunto de delitos son citados por los políticos como prueba de una amenaza urgente para la sociedad.
Sin duda, el Tren de Aragua es una banda peligrosa, responsable de crímenes horrendos en Venezuela y en otros lugares de Sudamérica. Durante décadas, nosotros hemos estudiado la violencia en Venezuela precisamente porque comprendemos su capacidad para destruir vidas, familias y barrios. Pero para crear un mundo más seguro es fundamental conocer bien los hechos, las causas y las soluciones. Hasta ahora, muchos políticos, policías y periodistas estadounidenses no lo han hecho, y en su lugar han perpetuado conceptos e ideas erróneas importantes sobre el Tren de Aragua.
El mayor error se refiere a la capacidad organizativa del grupo. El Tren de Aragua ha sido designado recientemente como una organización terrorista por Estados Unidos, junto a grupos mucho más consolidados como la Mara Salvatrucha de El Salvador y los cárteles de México. Calificar de terroristas a los grupos criminales es siempre una exageración porque no suelen tener como objetivo cambiar la política gubernamental.
Pero este es especialmente el caso del Tren de Aragua. En comparación con esas otras organizaciones, se trata de una relativamente joven, con una capacidad relativamente limitada y sin aspiraciones políticas históricas. De hecho, desde que las fuerzas del orden venezolanas hicieron una redada en 2023 a la prisión que el Tren de Aragua controlaba y tenía como su sede, la banda ha estado cada vez más dispersa, sin una organización centralizada y sin declaraciones de objetivos políticos.
El Tren de Aragua surgió en el centro penitenciario de la localidad de Tocorón hacia 2014. Su expansión en Sudamérica está estrechamente vinculada a la migración masiva de personas venezolanas que se aceleró poco después. Sus operaciones delictivas no tienen que ver principalmente con el tráfico internacional de drogas o las extorsiones transnacionales, sino con el tráfico de migrantes y la explotación sexual de personas migrantes venezolanas en Colombia, Chile y Perú. Ninguna de las principales actividades económicas del grupo sugiere una expansión significativa fuera de Sudamérica.
Aunque los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) no han revelado mucha información sobre cómo identificaron a los hombres deportados el mes pasado, ahora sabemos que los funcionarios de ICE utilizan un sistema para ayudar a determinar si alguien es miembro del Tren de Aragua, que incluye símbolos y logos, como tatuajes. La designación de los tatuajes como identificador de la banda se deriva presumiblemente de la práctica de las bandas centroamericanas de indicar la pertenencia al grupo delictivo mediante tatuajes, pero nuestra investigación sugiere que el Tren de Aragua, y las bandas venezolanas en general, no tienen una tradición o historia en este sentido. Muchos jóvenes venezolanos, como los jóvenes de todo el mundo, toman prestado de la cultura global los símbolos icónicos con los que se tatúan. Esto no significa que pertenezcan a una banda.
El crimen organizado es mucho menos portátil de lo que la gente suele pensar. Normalmente implica el control de mercados ilícitos, que a su vez depende de las relaciones con la población y los funcionarios locales. Estas redes no son fácilmente transferibles y limitan la movilidad. Esta es una de las razones por las que muchos grupos delictivos llevan la geografía en su nombre: Sinaloa, Medellín, Cali y, por supuesto, Aragua, un estado agrícola en el centro-norte de Venezuela, y sede de la prisión de Tocorón, donde se originó el Tren de Aragua. Estos nombres describen su base de operaciones y el lugar donde dominan.
El gobierno de Trump ha sugerido que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió a miembros del Tren de Aragua y otras bandas venezolanas a Estados Unidos para desestabilizar el país. Pero en febrero, las agencias de inteligencia estadounidenses habrían difundido internamente conclusiones según las cuales el Tren de Aragua no está controlado por el gobierno de Maduro y los miembros de la banda que se encuentran en Estados Unidos no han sido enviados por él.
Aunque no cabe duda de que existe actividad criminal dentro del gobierno de Maduro, su relación con los grupos criminales equivale a un collage inestable y volátil, en el que grupos armados rivales colaboran temporalmente con el gobierno cuando sus diversos intereses se superponen. Lo mismo ocurre con el Tren de Aragua: aunque hubo momentos en los que el grupo y el gobierno de Maduro negociaron pactos que sirvieron a sus intereses, su relación se caracteriza mejor como antagónica y competitiva, como lo demuestra la redada militar en la prisión de Tocorón.
Una serie de noticias sobre presuntos miembros del Tren de Aragua los describen como responsables de delitos graves en Estados Unidos. Los arrestos se han producido principalmente por delitos como hurtos en tiendas y robos de teléfonos móviles. Y, por supuesto, otras personas migrantes venezolanas también han cometido crímenes en Estados Unidos; con aproximadamente 770.000 viviendo aquí a partir de 2023, estas magnitudes hacen que sea inevitable. Pero nada de esto es prueba de una invasión del Tren de Aragua.
En los últimos dos siglos, la llegada de personas migrantes irlandesas, italianas, chinas y mexicanas a Estados Unidos ha producido pánicos morales similares, desencadenados por problemas reales pero también explotados por los políticos. A pesar de las constantes afirmaciones del presidente Trump, Estados Unidos no está inmerso en una ola criminal: los datos preliminares del FBI muestran que la criminalidad siguió disminuyendo el año pasado, y las investigaciones demuestran sistemáticamente que el aumento de la migración no provoca incrementos en la criminalidad.
Las deportaciones del gobierno de Trump de más de 200 hombres venezolanos a una prisión inhumana y superpoblada en El Salvador ayudarán casi con seguridad a disuadir la migración, pero hay formas de frenar la migración que no dependen de la criminalización masiva, la detención arbitraria y la violación del debido proceso, todas características del régimen del que muchos venezolanos intentan escapar.
Reavivar el debate sobre la propuesta bipartidista de reforma de la migración elaborada en 2023 y 2024 sería un buen punto de partida. Casi todos los implicados en el sistema de revisión de refugiados y migrantes coinciden en que no resuelve los casos con prontitud y que es necesario reforzarlo. Deberían tenerse en cuenta propuestas interesantes de organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, vincular a personas migrantes con comunidades que enfrentan escasez de mano de obra y facilitar el acceso a servicios de justicia. Y dado que la mayoría de los migrantes huyen de la pobreza y la violencia en sus países de origen, habría que centrarse más en reforzar la democracia y la prosperidad al sur de esta frontera.
Ninguna de estas iniciativas luce probable en un gobierno que parece decidido a aplicar políticas coercitivas y disuasorias. Pero sean cuales sean las políticas que apliquen, los funcionarios de migración deben respetar el Estado de derecho y los derechos humanos. La criminalización masiva, la detención arbitraria y la violación de las garantías procesales que han caracterizado hasta ahora a las acciones del gobierno de Trump, se han hecho eco de algunas de las tácticas del régimen venezolano del que presumiblemente huyeron muchos de estos jóvenes. También, reducen la credibilidad de Estados Unidos y alientan a los autoritarios de todo el mundo.
