La Corte Suprema de Estados Unidos impidió este viernes a la administración de Donald Trump avanzar con las deportaciones de un grupo de migrantes en el norte de Texas, bajo el amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Según la información publicada por CNN en Español, los jueces devolvieron el caso a un tribunal de apelaciones para que se pronuncie sobre las cuestiones de fondo, incluyendo si la acción del presidente es legal y con cuánta anticipación debe informarse a los migrantes afectados.
La decisión representa una nueva derrota para Trump, quien busca utilizar dicha ley para acelerar las deportaciones y evitar los procedimientos habituales requeridos antes de expulsar a personas del país.
Sin embargo, se trata de una medida temporal, ya que la disputa legal en torno a la aplicación de esta norma continúa desarrollándose en varios tribunales federales a lo largo del país.
En el fallo, citado por Noticias Telemundo, la Corte Suprema indicó que el Gobierno estadounidense debe respetar el debido proceso al intentar deportar a ciudadanos venezolanos a los que señale de ser del Tren de Aragua.
El dictamen fue aprobado por siete votos a favor —incluidos dos jueces conservadores designados por Trump durante su primer mandato— y contó con la disidencia de los magistrados Samuel Alito y Clarence Thomas, quienes sostuvieron que aún no correspondía a la Corte pronunciarse sobre el caso.
La mayoría del tribunal decidió que debe otorgarse un plazo superior a 24 horas a las personas sujetas a deportación para que puedan presentar sus argumentos legales antes de ser expulsadas.
El máximo tribunal también ordenó que el caso regrese a instancias inferiores para determinar cuál debe ser el procedimiento legal aplicable a los demandantes.
No obstante, la Corte aclaró que «el Gobierno puede expulsar a los demandantes bajo otras medidas legales» distintas a la deportación exprés, como lo sería una orden formal emitida por un tribunal migratorio.
La administración Trump ha intentado aplicar deportaciones rápidas sin pasar por las cortes migratorias correspondientes, alegando que los venezolanos en cuestión son presuntos miembros del Tren de Aragua, grupo que el Gobierno ha calificado como organización terrorista.
Bajo ese argumento, la administración sostiene que puede invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma que, en principio, solo puede aplicarse en caso de una invasión militar armada.
El Gobierno argumenta que la supuesta presencia de pandilleros entre los migrantes constituye una «invasión» y, por lo tanto, justifica eludir los procesos judiciales que normalmente rigen las deportaciones.
Hasta el momento, tres jueces federales de tribunales inferiores han rechazado esta postura, mientras que una jueza ha dictaminado a favor de su aplicación.
