El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, sabía que la mayoría de los 238 inmigrantes venezolanos que envió a una prisión de máxima seguridad en El Salvador acusándolos de ser terroristas no habían sido condenados por delitos en Estados Unidos, reveló un análisis de datos del Departamento de Seguridad Interna (DHS), publicado este viernes.
La información oficial obtenida por ProPublica y The Texas Tribune, junto a los medios venezolanos Cazadores de Noticias Falsas y Alianza Rebelde Investiga, reveló que solo 32 de los 238 enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) habían sido condenados por delitos cometidos en Estados Unidos.
Además, la mayoría de los delitos por los que fueron acusados los 32 migrantes son clasificados como no violentos, entre los que se incluye robo en tiendas o infracciones de tránsito.
El hallazgo contradice las justificaciones del presidente Trump y sus asesores para encarcelar en un tercer país a los inmigrantes a los que tildó de «lo peor de lo peor» de los criminales.
El Salvador
El mandatario republicano invocó una ley de 1789 -conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros- para justificar las expulsiones de los migrantes venezolanos, acusándolos de ser parte del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que el Gobierno calificó como «terrorista».
En contraste, los datos entregados por el DHS indican que el Gobierno Trump sabía de condenas por hechos violentos contra solo seis de los expulsados a El Salvador: cuatro por agresión, uno por secuestro y uno por un delito relacionado con armas.
No tenían antecedentes
Además, la información oficial reveló que más de la mitad (130) de los encarcelados en la megacárcel no tenían antecedentes penales ni cargos pendientes; solo se les había clasificado por haber violado las leyes de inmigración.
En cuanto a los delitos cometidos fuera de EE.UU., una investigación de ProPública y Texas Tribune encontró evidencia de arrestos o condenas para 20 de los 238 hombres. “De ellos, 11 involucraban delitos violentos como robo a mano armada, asalto o asesinato”, incluyendo a un hombre solicitado en extradición por Chile para enfrentar cargos de secuestro y tráfico de drogas. Otros cuatro habían sido acusados de posesión ilegal de armas.
Los medios también analizaron listas de presuntos pandilleros que mantienen las fuerzas del orden venezolanas y la Interpol, que incluye unos 1400 nombres, pero ninguno de los nombres de los 238 venezolanos deportados coincidía con los de las listas.
El informe se suma a un reporte del Instituto Cato que reveló que al menos 50 venezolanos enviados por Trump a la megacárcel ingresaron legalmente a Estados Unidos.
La Casa Blanca mantiene batallas judiciales por enviar a varios inmigrantes de forma errónea a El Salvador, entre ellos el caso del salvadoreño Kilmar Abrego García, al que reconoció que deportó por error, pero se niega a regresar.
La Corte Suprema prohibió al Gobierno continuar con las expulsiones al país centroamericano mientras que se resuelven varias demandas en contra de esta práctica en las cortes de menor instancia
