El Gobierno de Venezuela acusó este martes al alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, de mantener una actitud «omisiva, parcializada y cobarde» frente a presuntas violaciones de derechos humanos que, según denunció, sufren ciudadanos venezolanos en el exterior.
En un comunicado emitido por la Cancillería, Caracas reprochó al organismo su «silencio cómplice» ante casos como el supuesto «secuestro» de más de 250 venezolanos en El Salvador, quienes habrían sido trasladados a centros de detención denunciados como «inhumanos», y la retención de la menor Maikelys Antonella Espinoza Bernal en Estados Unidos.
Según el texto, estas situaciones fueron notificadas directamente al alto comisionado por el presidente Nicolás Maduro hace más de seis semanas, «sin que hasta la fecha se haya producido una reacción firme por parte de la oficina de derechos humanos de la ONU».
«Su reciente y tibia declaración evidencia un doble rasero inaceptable: mientras ataca con virulencia a Venezuela, guarda silencio ante los abusos cometidos por gobiernos alineados con intereses hegemónicos», señala el comunicado.
El Gobierno venezolano insistió en que la actitud del alto comisionado refleja una «negligencia y complacencia» ante las violaciones de derechos humanos sufridas por venezolanos fuera del país, y reiteró que continuará exigiendo justicia, al tiempo que denunció el uso «político» de sus migrantes como «rehenes en la guerra contra nuestro pueblo».
Pronunciamiento de la ONU
La ONU expresó este martes su preocupación por los venezolanos deportados desde EE. UU. a El Salvador. La portavoz Liz Throssell denunció que muchos «no tuvieron acceso a asistencia legal ni oportunidad de impugnar su expulsión».
El organismo advirtió que la «opacidad» del proceso podría constituir violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el riesgo de desaparición forzada. Instó a ambos gobiernos a garantizar transparencia y respeto a los derechos fundamentales.
En un comunicado paralelo, Türk alertó sobre el recrudecimiento de la «represión» contra críticos del gobierno venezolano, incluyendo «detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia». Exigió la liberación inmediata de los detenidos por «motivos políticos» y garantías de debido proceso.
La ONU documentó al menos tres muertes de opositores desde julio de 2024, atribuidas a las pésimas condiciones carcelarias. Türk también criticó la Ley de Fiscalización de ONG por restringir libertades y facilitar la criminalización de organizaciones independientes, urgiendo su derogación.
El organismo aseguró que mantendrá el monitoreo ante lo que calificó como un «patrón alarmante» tanto en la política migratoria estadounidense como en la situación de derechos humanos en Venezuela.
