Una jueza federal de Pensilvania autorizó el martes al gobierno del presidente Donald Trump a utilizar la centenaria Ley de Enemigos Extranjeros (AEA, por sus siglas en inglés) para deportar a ciudadanos venezolanos acusados de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, declarada organización terrorista extranjera por la administración estadounidense.
La decisión emitida por la jueza federal de distrito Stephanie Haines, designada por Trump, marca la primera vez que un tribunal federal respalda el uso de esta controvertida herramienta legal para deportaciones de migrantes señalados como miembros de esa banda criminal, según informó Associated Press.
El fallo establece que el gobierno podrá deportar a ciudadanos venezolanos mayores de 14 años, sin estatus migratorio regular, siempre que se les demuestre vínculos con el Tren de Aragua. Sin embargo, Haines ordenó que la administración debe notificarles con al menos 21 días de anticipación, en inglés y español, y garantizarles la oportunidad de presentar objeciones, en contraste con los plazos de apenas 12 horas que se aplicaron en algunos casos recientes.
La jueza Haines aclaró que su fallo no aborda si la administración puede aplicar otras leyes migratorias para deportar a venezolanos. “Este caso plantea cuestiones importantes que están profundamente entrelazadas con principios constitucionales. Pero la Corte no se pronuncia sobre cuestiones que aún no están plenamente planteadas ante ella”, escribió Haines.
División judicial
La semana pasada, Un juez federal en Nueva York bloqueó los intentos del presidente Donald Trump de deportar a migrantes venezolanos detenidos en el Distrito Sur bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, norma de 1798 concebida para tiempos de guerra.
Asimismo, los jueces David Briones (Texas Occidental) y Fernando Rodríguez Jr. (Texas Sur) también bloquearon deportaciones fundamentadas en dicha proclamación. Previamente, en abril, una jueza del Distrito de Colorado había emitido un fallo similar.
Tras la proclamación emitida por Trump en marzo, las autoridades comenzaron a deportar a presuntos miembros del Tren de Aragua a una prisión en El Salvador. La medida ha provocado múltiples manifestaciones en distintos estados y protestas tanto en Estados Unidos como en Venezuela.
En Caracas, familiares de migrantes detenidos y deportados han llevado a cabo protestas frente a la sede de las Naciones Unidas, denunciando «abusos y arbitrariedades en los procesos migratorios».
