«Ahora lleva más de 75 días detenido en la cárcel de máxima seguridad salvadoreña (CECOT), tras ser deportado por la Administración Trump bajo la ley de Enemigos Extranjeros, y acusado de tener vínculos con la banda Tren de Aragua. Sus abogados y familiares han desmentido reiteradamente que Hernández Romero tenga antecedentes penales y que tenga vínculos con ese grupo y han denunciado que ha sido criminalizado por sus tatuajes».
El fallo de la corte de California se suma a otros 13 que han ocurrido en las últimas semanas —según reportes de la organización Together and Free—, que han desestimado los casos de asilo de extranjeros deportados.
Varios abogados de inmigración han denunciado que estas decisiones judiciales están colaborando con las acciones del Gobierno, la falta al debido proceso y acabando con cualquier posibilidad de regreso de los deportados.
“El Departamento de Seguridad Nacional está haciendo todo lo posible para borrar el hecho de que Andry llegó a Estados Unidos en busca de asilo y se le negó el debido proceso, tal como lo exige nuestra Constitución (…) La idea de que el Gobierno pueda desaparecerte por tus tatuajes, y ni siquiera darte un día en la corte, debería causar escalofríos en todos los estadounidenses”, declaró en un comunicado Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva del Centro Jurídico para los Defensores de los Inmigrantes (ImmDef), una organización sin fines de lucro que representa a Hernández Romero y a otros siete deportados a El Salvador.
El venezolano, de 32 años, también es el principal demandante en una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) contra la actual Administración, por la deportación de más de 200 inmigrantes a Centroamérica, y que algunos analistas apuntan está llevando al país a una crisis constitucional.
