La Corte Suprema de Estados Unidos (EE. UU.) autorizó este lunes al Gobierno de Donald Trump reanudar deportaciones a países distintos al de origen.
Los jueces levantaron una orden judicial que requería que el Ejecutivo diera a los migrantes que iban a ser deportados a los llamados “terceros países” una “oportunidad significativa” de decirles a los funcionarios que corren el riesgo de ser torturados en su nuevo destino, mientras se desarrolla un desafío legal, refirió el medio estadounidense New York Post.
Cabe recordar que el juez de distrito estadounidense con sede en Boston, Brian Murphy, había emitido la orden el 18 de abril; después de que las autoridades del país norteamericano decidieron en febrero intensificar las deportaciones rápidas a terceros países.
Seguidamente, grupos de derechos de los migrantes presentaron una demanda colectiva, con el objetivo de evitar su deportación a dichos lugares sin previo aviso y sin la oportunidad de hacer valer los daños que podrían enfrentar.
Por su parte, la administración de Trump había alegado ante la Corte Suprema que su política sobre terceros países cumplía con el debido proceso y es fundamental para expulsar a los migrantes que cometen delitos porque no siempre en sus países de origen están dispuestos a aceptarlos de regreso.
En marzo de este año, más de 200 migrantes venezolanos fueron trasladados desde Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, bajo la justificación de que eran presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua.
Familiares de los venezolanos han manifestado que viven «angustia e impotencia» al ver a sus seres queridos etiquetados como «criminales» sin sentencia judicial previa.
A finales de mayo, la Corte Suprema de EE. UU. autorizó al Gobierno de Donald Trump para que revoque el parole humanitario a más de 500.000 migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, solo un día después de que una jueza ordenara reanudar las solicitudes del programa.
El alto tribunal concedió una solicitud de emergencia presentada por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional. Esta decisión puso fin al programa impulsado bajo la administración de Joe Biden, que otorgó permiso a 532.000 personas de esos cuatro países para vivir y trabajar de forma temporal.
La breve orden de la Corte Suprema indicó que dos juezas disintieron de tal decisión: los liberales Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor.
Jackson alegó que la Corte no tomó en cuenta “las devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno ponga fin precipitadamente a las vidas y medios de subsistencia de casi medio millón de no ciudadanos con reclamos legales pendientes”.
La administración Trump elevó el caso ante la Corte Suprema para impugnar la sentencia previa de la jueza del distrito de Massachusetts, Indira Talwani. Esta dictaminó que el Gobierno no podía eliminar el parole sin revisar los casos de forma individual.
