La nueva prohibición de viajes impuesta por el presidente Donald Trump entró en vigor este lunes 9 de junio, afectando a ciudadanos de 19 países, en su mayoría de África y Medio Oriente.
La medida, firmada la semana pasada, impide la entrada a Estados Unidos de personas provenientes de Afganistán, Birmania (Myanmar), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
También impone restricciones más estrictas para ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela que se encuentren fuera del país y no cuenten con una visa válida.
Aunque las visas emitidas con anterioridad seguirán siendo válidas, quienes presenten nuevas solicitudes desde estos países se enfrentarán a un rechazo automático salvo que cumplan criterios de excepción muy específicos, según la guía oficial enviada a las embajadas y consulados estadounidenses.
A diferencia de su primera versión del veto migratorio en 2017 —que provocó caos en aeropuertos y fue objeto de múltiples desafíos judiciales— esta nueva orden ejecutiva ha sido redactada con mayor precisión, enfocándose en el proceso de solicitud de visas para minimizar posibles bloqueos legales.
Hasta ahora, no se han registrado alteraciones significativas en aeropuertos como el de Los Ángeles tras la entrada en vigor de la medida, según AP.
Trump argumentó que algunos de los países incluidos tienen sistemas deficientes de verificación de identidad o se niegan a aceptar de regreso a sus ciudadanos con órdenes de deportación. También citó informes del Departamento de Seguridad Nacional sobre el alto índice de personas que permanecen en EE. UU. después del vencimiento de sus visas, especialmente de ocho de los países incluidos en la lista.
El anuncio fue duramente criticado por organizaciones humanitarias. “Esta política no tiene que ver con la seguridad nacional. Es una herramienta para dividir y criminalizar comunidades que buscan protección y oportunidades en EE. UU.”, afirmó Abby Maxman, presidenta de Oxfam América.
La inclusión de Afganistán ha generado rechazo incluso entre sectores que anteriormente apoyaban al expresidente, debido a que podría afectar a miles de refugiados afganos.
La medida contempla excepciones para quienes cuenten con visas especiales por haber colaborado con el gobierno estadounidense durante la guerra, pero la incertidumbre persiste. Hasta septiembre de 2024, Afganistán fue una de las principales fuentes de reasentamiento de refugiados, con más de 14.000 personas trasladadas al país.
La política también ha causado preocupación entre comunidades migrantes dentro de Estados Unidos. Elvanise Louis-Juste, una ciudadana estadounidense de origen haitiano, expresó su frustración mientras esperaba un vuelo en el aeropuerto de Newark. “Tengo familia en Haití. Esto es realmente angustiante. Creo que es una decisión equivocada y muy triste”, comentó.
La administración Trump ha vinculado la orden con un reciente ataque terrorista en Boulder, Colorado, atribuido a un ciudadano egipcio que había sobrepasado el límite de su visa. Sin embargo, Egipto no figura entre los países afectados por la nueva prohibición.
La decisión refuerza la línea dura migratoria de Trump en medio de la campaña presidencial y revive una de las políticas más controversiales de su primer mandato, aunque esta vez con un enfoque más técnico que busca resistir los cuestionamientos legales que lo frenaron en el pasado.
La proclamación entró en vigor en medio de las protestas en la ciudad de Los Ángeles, después de que el viernes el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizara al menos siete redadas migratorias.