El Ministerio Público (MP) rechazó este viernes el reciente informe presentado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, al considerar que constituye una “nueva agresión diplomática e injerencista contra la soberanía y el sistema de justicia venezolano”.
En un comunicado publicado en Instagram, el fiscal general Tarek William Saab afirmó que el documento “refleja una visión profundamente parcializada” e “ignora deliberadamente los avances institucionales en la defensa de los derechos fundamentales y en el ejercicio de la acción penal contra quienes han cometido delitos graves que atentan contra la paz de la nación”.
Según Saab, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas “se ha convertido en el bufete privado de terroristas y mercenarios nacionales y extranjeros, procesados por intentar bañar de sangre a Venezuela mediante planes de magnicidio, asesinatos selectivos, sabotajes y conspiraciones armadas”. En lugar de cumplir con su mandato, sostuvo, dicha entidad “se alinea cínicamente con los autores de estos crímenes”.
“Al presentar como ‘víctimas’ a varios sujetos convictos y confesos en su narrativa criminal, Türk tergiversa la realidad jurídica venezolana. Todos están legalmente privados de libertad, con respeto al debido proceso, por delitos como conspiración, traición a la patria, terrorismo y legitimación de capitales”, expresó.
Asimismo, afirmó que calificar las recientes detenciones como “arbitrarias” representa una “afrenta al Estado de derecho y evidencia la complicidad del alto comisionado con factores que han atentado contra la estabilidad nacional, a un punto de inflexión tal que su ‘oficina’ actúa hoy como un vulgar apéndice de agencias de inteligencia extranjeras, bajo el disfraz del discurso de derechos humanos”.
“Aún más indignante es su cobarde silencio ante el secuestro e incomunicación de 252 venezolanos en El Salvador, detenidos y desaparecidos sin fórmula procesal ni garantías mínimas, lo que demuestra su doble rasero y desprecio por la vida de nuestros connacionales”, sostuvo.
Ante ello, Saab exhortó a la Asamblea Nacional (AN) a abrir un debate público sobre la permanencia de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, foro que —según dijo— “ha sido desnaturalizado y usado como instrumento de persecución política, en abierta violación del principio de autodeterminación de los pueblos”.
“El Ministerio Público está comprometido con la búsqueda de la paz en el país, y desarrolla su acción penal en respeto estricto de los derechos humanos, por ello no acepta los pronunciamientos de quienes nos pretenden tratar como colonia, voceros de la hipocresía global que buscan imponer su narrativa sobre nuestras instituciones. Defenderemos con firmeza y dignidad nuestra soberanía, nuestra verdad y nuestro sistema de justicia en cualquier foro nacional e internacional a que haya lugar”, sentenció.
¿Qué dice el informe sobre el alto comisionado de la ONU?
Durante su intervención en la 59ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Türk expresó su preocupación por el «deterioro» de la situación de los derechos humanos en Venezuela y advirtió que, entre mayo de 2024 y mayo de 2025, su oficina ha documentado «graves violaciones», incluyendo «detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y violaciones del debido proceso».
“Durante este período, hemos visto como personas, incluidas figuras de la oposición y defensores de derechos humanos, han sido objeto de detenciones bajo cargos cuestionables, especialmente relacionados con la legislación antiterrorista”, señaló el alto comisionado.
Türk informó que en el contexto de las elecciones parlamentarias y regionales —celebradas el pasado 25 de mayo— las autoridades venezolanas anunciaron la detención de aproximadamente 70 personas, entre ellas ciudadanos extranjeros, acusados de formar parte de un supuesto «grupo terrorista». Posteriormente, afirmó que el gobierno venezolano aseguró haber desmantelado una red vinculada a varias organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
El funcionario de la ONU cuestionó el uso de la legislación antiterrorista en estos casos, asegurando que su aplicación «no se ajusta a las normas del derecho internacional», y denunció que los procesos judiciales a los que son sometidos muchos de los acusados «no cumplen con estándares internacionales de justicia».
Además, alertó que numerosas personas permanecen privadas de libertad por hechos vinculados a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y que al menos 1.500 personas fueron liberadas durante el período cubierto por el informe.
También reportó que 32 personas fueron «víctimas de tortura» durante su detención, entre ellas 15 adolescentes. Además, indicó que 28 personas fueron desaparecidas tras las elecciones presidenciales de 2024, incluidos 12 ciudadanos extranjeros que «no han recibido asistencia consular».
En este sentido, pidió la liberación inmediata de todos los detenidos, incluyendo a los defensores Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres.
El alto comisionado instó a las autoridades venezolanas a «respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizar el debido proceso y cesar la criminalización de la sociedad civil».
