Agentes de la Policía Nacional de El Salvador y documentos internos de la corporación «revelan» prácticas «abusivas» que «han dado lugar a detenciones arbitrarias» y «abusos de poder» en el país centroamericano durante un régimen de excepción contra las pandillas, según un informe difundido este viernes por la organización Human Rights Watch (HRW).
La información de la organización señala que agentes de la policía entrevistados «dijeron que muchas detenciones durante la actual ‘guerra contra las pandillas’, promovida por el Gobierno de Nayib Bukele, fueron resultado de la presión para cumplir con cuotas diarias de arrestos y se basaron en pruebas no corroboradas o fabricadas».
Describieron, según HRW, «detenciones motivadas por el simple hecho de que una persona tuviera un tatuaje de cualquier tipo, por información falsa incluida en fichas policiales y por llamadas anónimas no verificadas».
También relataron «un clima de impunidad que facilitó que algunos agentes exijan sobornos y, en algunos casos, favores sexuales a mujeres a cambio de no detener a sus familiares», señaló.
“El presidente Nayib Bukele presenta sus políticas de seguridad como un modelo para el mundo, pero los policías que entrevistamos cuentan una historia completamente distinta”, declaró Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, de acuerdo con el informe.
Goebertus apuntó que los testimonios de los policías «ofrecen una perspectiva poco conocida sobre cómo la policía fabrica evidencias para cumplir con cuotas de arrestos, extorsiona a personas inocentes, ignora el debido proceso y desobedece órdenes judiciales”.
La organización indicó que «aunque los policías describieron los serios problemas de seguridad que representan las pandillas y reconocieron mejoras notables en la seguridad, también denunciaron las prácticas que, según ellos, se vieron obligados a adoptar por presión de sus jefes».
Los agentes también señalaron que «el régimen de excepción y la falta de rendición de cuentas crearon un clima de impunidad. Como lo describió uno de ellos, la policía se sentía ‘superpoderosa'», señaló.
HRW apuntó que «varios policías dijeron que, en ocasiones, sus superiores les imponían una cuota mínima de arrestos diarios y los amenazaban con sanciones si no la cumplían. Señalaron que esas órdenes llevaron a la detención arbitraria de personas sin vínculos con las pandillas».
La organización enfatizó que ha documentado violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos, y graves violaciones del debido proceso.
La gran mayoría de los detenidos permanece en detención provisional, muchos de ellos en condiciones inhumanas, indicó.
HRW entrevistó a 11 agentes de policía, quienes tienen entre 9 y 31 años de servicio. Nueve de ellos son miembros activos de la policía, mientras que los otros dos «conocen la institución en profundidad y mantienen buenas relaciones con policías actualmente en servicio».
Entre los entrevistados se encuentran sargentos, investigadores, técnicos forenses y agentes policiales de los departamentos de Santa Ana, San Vicente y San Salvador, y cuatro entrevistas se realizaron en San Salvador, las restantes por teléfono.
Human Rights Watch corroboró los testimonios con documentos internos de la policía, sentencias judiciales y testimonios de otros policías y víctimas de abusos, y, por motivos de seguridad, mantiene bajo reserva los nombres de los agentes y otros datos que puedan contribuir a identificarlos, añadió.
El régimen de excepción, que ha dejado la captura de más de 85.900 supuestos miembros de pandillas y de supuestas personas ligadas a estas estructuras, cumplió el pasado 27 de marzo tres años de su implementación en medio de polémicas por supuestamente violentar derechos humanos.EFE
