Un tribunal de Brasil condenó el jueves al expresidente Jair Bolsonaro a pagar 150.000 reales (27.150 dólares) por daños morales colectivos, a raíz de unos comentarios de índole sexual sobre unas adolescentes venezolanas, los cuales datan de 2022.
Según el medio O Estado, la Justicia consideró que el exmandatario «violó los derechos de niños y adolescentes» en situación vulnerable. Al respecto, la Quinta Sala Civil del tribunal acogió de manera parcial la acusación de la Fiscalía, argumentando un daño colectivo de su parte.
La Fiscalía abrió el proceso en la campaña presidencial de 2022, cuando hizo afirmaciones despectivas en plena transmisión en vivo, sobre un encuentro que tuvo con unas muchachas venezolanas.
En ese entonces, cuando aún era presidente, Bolsonaro afirmó que durante un paseo en moto por una comunidad, vio a unas adolescentes venezolanas de 14 y 15 años. Cuando notó que «pintó un clima» (‘atracción o coqueteo’ en el lenguaje popular de Brasil), les pidió que lo invitaran a su vivienda.
«Detuve la moto en una esquina, me quité el casco y miré a unas niñas, tres, cuatro, bonitas, de 14, 15 años, arregladitas un sábado en una comunidad. Vi que eran bien parecidas. Pintó un clima, volví. ‘¿Puedo entrar en su casa?’, entré», señaló.
«Había unas 15, 20 chicas en la mañana de ese sábado arreglándose. Todas venezolanas. Y yo pregunto: niñas bonitas de 14, 15 años arreglándose un sábado, ¿para qué? ¿Para ganarse la vida? ¿Quieren eso para sus hijas?», agregó Bolsonaro, refiriéndose al eventual retorno al poder de Luiz Inácio Lula da Silva.
Señalado de «estimular la pedofilia»
Tales comentarios, en ese entonces, desataron un aluvión de críticas, al punto de criticarlo por «estimular» la pedofilia. En su momento, la defensa del derechista alegó que sus palabras se sacaron de contexto y que no existió intención de estigmatizar o discriminar a las adolescentes.
Luego de la sentencia, el tribunal competente determinó que la indemnización se destine al Fondo de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Este fondo público se utiliza para el financiamiento de proyectos en favor de los derechos de los menores de edad.
