El reciente escándalo de corrupción protagonizado por la exfiscal octava Mariangelis Araque, acusada de extorsionar al empresario Jaime Ruiz Salamanca con 10.000 dólares para favorecerlo en una investigación, desencadenó el nombramiento de Ramón Torres como nuevo Fiscal Superior del estado Zulia.
El nuevo titular sustituye a la doctora Nerifer Peña, quien según el gremio de abogados venía desempeñando una buena gestión, pero que desafortunadamente se vio salpicada de manera indirecta por la acción irregular de Araque.
La decisión llega tras la detención de la ahora destituida fiscal octava, quien se entregó a las autoridades la tarde del lunes y permanece detenida en la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (Dcdo) de la PNB, a la espera de su presentación en tribunales.
El caso salió a la luz gracias a la denuncia de Jaime Ruiz Bernal, de 75 años, quien detalló las irregularidades cometidas por Araque durante el proceso penal contra su hijo, un empresario del blindaje de autos.
Según la acusación, la exfiscal ordenó la incautación de 13 vehículos y dos embarcaciones en el taller de blindaje J&J Shield Armoring C.A., muchas de las cuales pertenecían a clientes y no a Jaime Ruiz Salamanca.
Para devolver los bienes, Araque habría enviado a su amiga, la abogada Roceth Vegas, a negociar un soborno de 10.000 dólares con el detenido y su hijo, según captures de mensajes de WhatsApp presentados como evidencia, reseña Versión Final.
Fuentes cercanas a la investigación revelaron a Versión Final que este no es un caso aislado. Supuestamente, Araque habría convertido conflictos de naturaleza civil en procesos penales a empresas del sector naval y de construcción en San Francisco, reteniendo equipos y embarcaciones sin verificar su propiedad.
El Fiscal General, Tarek William Saab, anunció la orden de aprehensión contra Araque por delitos de retraso u omisión intencional de funciones y agavillamiento. También se emitió una solicitud de captura contra Roceth Vegas, quien permanece prófuga.
Saab destacó que, bajo su gestión, 542 funcionarios han sido sancionados por actos de corrupción.