El gobierno de El Salvador afirmó ante investigadores de Naciones Unidas que la administración del presidente Donald Trump «mantiene el control» sobre los migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos y recluidos en una prisión de alta seguridad en territorio salvadoreño.
Según Associated Press, está declaración contradice las afirmaciones públicas de funcionarios de ambos países, quienes han sostenido que Washington no tiene ya jurisdicción sobre los detenidos.
La afirmación se produjo en el marco de una investigación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y fue incluida en documentos judiciales presentados el lunes por abogados de más de 100 migrantes que impugnan su deportación al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una mega prisión ubicada en Tecoluca.
El caso forma parte de varios litigios que cuestionan las políticas migratorias de línea dura impulsadas por Trump. “En este contexto, la jurisdicción y responsabilidad legal sobre dichas personas recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes”, respondieron funcionarios salvadoreños al grupo de trabajo de la ONU, que investiga el destino de los migrantes trasladados a mediados de marzo, incluso después de que un juez en EE. UU. ordenara detener los vuelos de deportación.
Aunque la administración Trump ha insistido en que los migrantes están fuera del alcance de la justicia estadounidense y no gozan de protección constitucional, los abogados de los deportados argumentan que los documentos de la ONU prueban lo contrario.
“El Salvador ha confirmado lo que siempre supimos: Estados Unidos sigue controlando lo que ocurre con estos venezolanos en el CECOT. Lo sorprendente es que el gobierno no proporcionó esta información ni a nosotros ni al tribunal”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, señaló que los documentos prueban que “la administración no ha sido honesta ni con el tribunal ni con el pueblo estadounidense”. Ambas organizaciones representan legalmente a los migrantes.
Hasta ahora, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Seguridad Nacional han ofrecido comentarios. Un portavoz del Departamento de Justicia también declinó pronunciarse.
En marzo, EE. UU. firmó un acuerdo por valor de 6 millones de dólares para que El Salvador alojara a 300 migrantes.
La medida generó controversia cuando Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII, para justificar las deportaciones rápidas de hombres que su gobierno vincula con el grupo criminal venezolano Tren de Aragua.
El mes pasado, una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes presentó una demanda para anular el acuerdo entre EE. UU. y El Salvador, argumentando que dejar a los deportados fuera del alcance de la justicia estadounidense constituye una «violación constitucional».
