El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil dictó este viernes nuevas medidas contra el expresidente Jair Bolsonaro, entre ellas el uso obligatorio de una tobillera electrónica y la prohibición de utilizar sus redes sociales.
De acuerdo con Radioagência Brasil, el juez Alexandre de Moraes, del STF, también le prohibió contactar o acercarse a embajadas y consulados, ya que deberá mantener una distancia mínima de 200 metros. Asimismo, tiene prohibido comunicarse con embajadores, autoridades extranjeras u otros acusados o procesados en el caso por intento de golpe de Estado.
El líder ultraderechista también deberá permanecer en su residencia entre las 19:00 y las 6:00 horas de lunes a viernes, y durante todo el día los fines de semana, feriados y días no laborables.
Más temprano, este viernes 18 de julio, Bolsonaro fue objeto de registros por parte de la Policía Federal, que allanó varios inmuebles vinculados al exmandatario, quien enfrenta un juicio por presuntamente liderar una conspiración golpista contra su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva.
Uno de los allanamientos tuvo lugar en su residencia de Brasilia y otro en la sede del Partido Liberal (PL), formación que lidera el capitán retirado del Ejército.
Durante los operativos, según medios locales, fueron incautados teléfonos móviles, computadoras, dinero en efectivo, documentos físicos y archivos almacenados en la nube.
La Procuraduría General de la República (PGR), en el documento que sustentó la decisión de Moraes sobre el uso de la tobillera, advirtió sobre una “posibilidad concreta” de fuga del acusado y la existencia de intentos persistentes por obstruir el proceso penal.
Las nuevas medidas se producen en medio de llamados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que se detenga el juicio contra Bolsonaro, a quien considera víctima de una “caza de brujas”.
La semana pasada, Trump anunció un arancel adicional del 50 % a las importaciones brasileñas por motivos principalmente políticos.
En este contexto, Moraes señaló que existió una acción coordinada entre Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo, a quienes acusó de haber maniobrado en los últimos meses con el Gobierno de Estados Unidos para imponer sanciones a Brasil con el objetivo de presionar al Supremo a archivar el juicio.
Bolsonaro está acusado de liderar, junto con varios de sus colaboradores —entre ellos exministros y altos mandos militares—, un complot golpista para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2022, en las que resultó electo Lula.
La Fiscalía lo acusa de cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho, cuyas penas combinadas podrían alcanzar los 40 años de prisión.
En un comunicado citado por CNN Brasil, la defensa del exmandatario afirmó haber “recibido con sorpresa e indignación la imposición de severas medidas cautelares”, alegando que Bolsonaro “siempre ha acatado todas las determinaciones del Poder Judicial”.
A la salida de la sede de la Policía Federal, donde se le impuso la tobillera electrónica, Bolsonaro negó tener intenciones de abandonar el país.
«Nunca pensé en salir de Brasil, nunca pensé en ir a la Embajada», dijo a los medios.
