La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, le ratificó este viernes 8 de agosto al fiscal Mame Mandiaye Niang de la Corte Penal Internacional (CPI) que en Venezuela -bajo investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos desde 2014- no se han cometido delitos según lo previsto en el Estatuto de Roma.
En su canal de Telegram, Rodríguez también ratificó la disposición del Gobierno venezolano de continuar y «profundizar los mecanismos de complementariedad positiva y planes de trabajo conjuntos en materia de cooperación y asistencia técnica, siempre sobre la base de la primacía de la jurisdicción nacional».
Además, la vicepresidenta indicó que consignó en el caso un estudio publicado en la revista científica The Lancet, que, según dijo, «demuestra el impacto en la salud y la vida de los pueblos de las medidas coercitivas unilaterales», en referencia a las sanciones.
«Esta investigación, que abarcó 152 países, determinó que más de 564.000 personas, desproporcionadamente menores de 5 años y adultos mayores, mueren todos los años producto de las ‘sanciones’ adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América y otros países de occidente para promover la política de ‘cambio de régimen’», aseguró la también ministra de Hidrocarburos.
Por último, Rodríguez subrayó la «actuación responsable y profesional de los organismos de seguridad venezolanos en la defensa de la paz y la tranquilidad de la República y el resguardo de los derechos de la población».
La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países, reseña Alberto News.
El Gobierno de Nicolás Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está realizando investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014.
Recientemente, la CPI pidió a su fiscal jefe, Karim Khan, apartarse de la investigación sobre Venezuela en un plazo de tres semanas, al considerar que existen motivos razonables para dudar de su imparcialidad en el caso, dado que su cuñada, Venkateswari Alagendra, ha sido contratada para el equipo legal del Gobierno de Maduro.
La Sala de Apelaciones de la CPI concluyó que Khan mantiene una «relación familiar, profesional y jerárquica» con Alagendra, lo cual compromete -al menos en apariencia- su imparcialidad.
