El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el jueves que su administración abrirá un nuevo centro de detención para migrantes, al que denominó “Depósito de deportación”, poco más de un mes después de la inauguración de “Alligator Alcatraz”.
“Estamos autorizando y pronto abriremos este nuevo centro de detención, procesamiento y deportación de inmigrantes ilegales aquí en el norte de Florida”, dijo DeSantis en una rueda de prensa citada por ABC News.
El nuevo centro estará ubicado en la Institución Correccional Baker, en Sanderson, Florida, y, según el gobernador, no planea albergar a personas de forma indefinida. Tendrá capacidad para más de 1.300 migrantes.
Se trata del segundo centro de detención específico para migrantes en Florida, después de “Alligator Alcatraz”, inaugurado a principios de julio en el sur del estado, en un acto al que también asistió el presidente estadounidense, Donald Trump. Esta instalación puede albergar hasta 3.000 personas.
Florida es uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria y es el único estado que exige a las agencias locales de Policía cooperar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) para detener a migrantes indocumentados.
Recientemente, se conoció que ICE recibirá al menos 45.000 millones de dólares para construir más centros de detención para migrantes, similares a “Alligator Alcatraz”.
Los planes para levantar estas instalaciones se extenderían hasta 2029 e incluyen, por ahora, a los estados de Luisiana, Texas, Colorado y Nueva Jersey.
El pasado 14 de julio, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que la administración de Trump conversaba con cinco estados gobernados por republicanos para “replicar” el modelo de Florida.
Al mismo tiempo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunció la entrega de 608 millones de dólares a gobiernos estatales y locales para construir o ampliar centros de detención para migrantes.
A principios del mes de agosto, un juez federal bloqueó el uso de la deportación acelerada invocada por el Gobierno de Trump, para agilizar la expulsión del país de inmigrantes que fueron dejados en libertad condicional dentro de EE.UU.
La magistrada Jia M. Cobs, del Tribunal del Distrito de Columbia, ordenó a la Casa Blanca detener la deportación sumaria de cientos de miles de inmigrantes que habían logrado ingresar a EE.UU. huyendo de la persecución en sus países de origen.
El fallo se da en respuesta a una demanda presentada por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), la Red UndocuBlack (UBN) y CASA alegando que el Ejecutivo estaba usando un proceso de deportación “profundamente defectuoso”, tras anular en marzo pasado un programa de la era del expresidente Joe Biden (2021-2025) para reducir el ingreso de extranjeros por la frontera sur del país.
La querella, presentada en nombre de varios inmigrantes a los que se les permitió ingresar a Estados Unidos bajo la Operación Aliados Bienvenidos o el programa patrocinado para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), solicitaba al tribunal detener las expulsiones de inmigrantes sin que se les dé acceso a una audiencia y representación legal.
En su orden, la juez Cobs opinó que el caso plantea “una cuestión de equidad”, en donde los inmigrantes expuestos a la deportación acelerada ingresaron al país conforme a las reglas establecidas, pero ahora, el gobierno las ha cambiado a pesar de que la ley estatutaria “prohíbe” hacerlo al Ejecutivo.
La magistrada también cuestionó las tácticas usadas por la actual Administración para expulsar a los inmigrantes y que van rumbo a imitar a la de las naciones de donde huyeron.
“¿Serán expulsados sumariamente de un país, al ser detenidos en puestos de control y a la salida de los tribunales, a menudo por agentes vestidos de civil sin explicaciones ni cargos, puede parecerse cada vez más a los países de los que intentaron escapar?”, escribió Cobs.
El bloqueo de las deportaciones aceleradas representa otro revés para el Gobierno Trump, que ha elevado su meta de arrestos de inmigrantes y deportaciones a 800 por día.
Con información de El Cooperante
