Defensores internacionales de derechos humanos, expertos legales y reformadores de políticas de drogas están alertando tras la destrucción de una pequeña embarcación frente a la costa venezolana la semana pasada por un ataque militar estadounidense, que causó la muerte de sus ocupantes. El gobierno de Trump defendió la acción como parte de su ampliada guerra contra las drogas, pero sus críticos la describen como una ejecución extrajudicial sin precedentes, perpetrada sin justificación legal.
Sarah Yager, directora en Washington de Human Rights Watch, calificó el ataque como una escalada peligrosa.
“Abordo esto con una profunda preocupación por el Estado de derecho”, declaró el viernes en una videoconferencia con periodistas. “Hemos tenido presidentes que han socavado o ignorado el Estado de derecho, autorizado ejecuciones extrajudiciales y quitado vidas cuando no debían, pero siempre han ofrecido algún tipo de justificación legal. Con la administración Trump, estamos dando golpes a las nubes. Ha tomado esta medida sin ofrecer justificación legal alguna”.
Según Yager, las administraciones anteriores al menos enmarcaron las acciones militares en términos de autorizaciones del Congreso o del derecho internacional humanitario, lo que proporcionó un argumento concreto para que los críticos lo cuestionaran. «Podríamos estar en desacuerdo, pero había algo que argumentar en contra», dijo. «Lo que esto me dice es que este presidente cree que puede matar a cualquiera, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, sin tener que justificarlo. Y que estará exento de responsabilidades».
‘Asesinato premeditado’
Sarah Harrison, analista senior del Programa de Estados Unidos del International Crisis Group, fue aún más directa.
“La única conclusión posible es que, según todas las leyes pertinentes, esto fue una ejecución extrajudicial”, dijo. “Fue un asesinato”.
Funcionarios de la administración Trump afirmaron que la embarcación, con 11 personas a bordo, transportaba drogas y que sus ocupantes eran miembros de la red criminal venezolana Tren de Aragua. Sin embargo, Harrison argumentó que, incluso si esas afirmaciones fueran ciertas, la acción violaba el derecho nacional e internacional.
No hubo ningún ataque armado contra Estados Unidos que justificara el uso de la fuerza en defensa propia. Incluso el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que la embarcación podría haber sido interceptada y los individuos arrestados. La Guardia Costera ha hecho esto durante décadas, pero no lo hizo.
Harrison advirtió que el ataque sienta un precedente para el poder militar sin control.
“Este fue un asesinato premeditado de presuntos delincuentes, basado en los hechos proporcionados por la propia administración”, dijo. “El ejército estadounidense tiene prohibido por ley ejecutar civiles… Según el derecho internacional de los derechos humanos, existe una prohibición absoluta de la privación arbitraria de la vida, y eso es lo que ocurrió en este caso”.
Harrison instó al Congreso a actuar con rapidez.
“Los operadores del Departamento de Defensa deben saber que esta fue una orden ilegal y que las consecuencias de ejecutar una orden manifiestamente ilegal incluyen investigaciones y procesamientos penales”, afirmó.
Al anunciar el ataque, Trump afirmó que el barco transportaba a presuntos narcotraficantes del Tren de Aragua y un gran cargamento de cocaína desde Venezuela a Estados Unidos, antes de compartir un video del ataque en las redes sociales.
En febrero, el gobierno designó al Tren de Aragua, al Cártel de Sinaloa, a la MS-13 y a otras organizaciones narcotraficantes como grupos terroristas extranjeros. Las autoridades estadounidenses han atribuido desde hace tiempo el importante flujo de cocaína desde Venezuela a Estados Unidos y las consiguientes muertes relacionadas con el narcotráfico al líder venezolano Nicolás Maduro, cuya captura ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.
Lecciones de tragedias pasadas
Sanho Tree, miembro del Instituto de Estudios Políticos, dijo que el uso del ejército estadounidense para combatir el narcotráfico es una medida peligrosa, especialmente considerando las tragedias pasadas en las que civiles murieron durante misiones antinarcóticos.
Hay muchas razones por las que no permitimos que los guerreros antidrogas actúen como jueces, jurados y verdugos. Y una de las principales es que siguen matando a civiles, civiles inocentes, dijo.
Citó el derribo en 2001 de un avión misionero en Perú, que un contratista de la CIA identificó erróneamente como un vuelo con drogas. «Terminaron asesinando a una misionera estadounidense, Verónica Bowers, y a su hija pequeña, Chastity», dijo Tree.
En otro ejemplo, en 2012, una operación conjunta de la DEA y Honduras mató a cuatro pasajeros de un taxi acuático. «Dos de ellas estaban embarazadas, lo que según la ley hondureña se considera seis asesinatos. Y después intentaron encubrirlo», dijo.
Tree advirtió que la normalización de este tipo de asesinatos es una de las tendencias más preocupantes de la era Trump.
“Lo que me preocupa de este precedente es que el gobierno está normalizando las ejecuciones extrajudiciales. Y no es un gran salto, ni mucho menos, trasladarlo al contexto nacional”, dijo. “Decir en el escenario internacional que podemos ejecutar sumariamente a personas con misiles Hellfire sin presentar pruebas es indignante”.
‘La teoría de la invasión’
Raha Wala, vicepresidente del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, vinculó el ataque a lo que describió como la amplia «teoría de la invasión» de la administración, que se está utilizando para justificar todo, desde un ataque militar en la costa de Venezuela hasta el despliegue de tropas en Los Ángeles y Washington, D.C.
La Casa Blanca está redefiniendo las crisis internas, como la epidemia de opioides, como actos de guerra, dijo.
“La teoría de la invasión sostiene que la crisis de opioides y las muertes relacionadas con las drogas en Estados Unidos son equivalentes al 11-S”, dijo Wala. “Pero dista mucho de cualquier tipo de ataque armado que justifique el uso de la fuerza”.
Wala dijo que ese enfoque permite al gobierno tratar a los migrantes y solicitantes de asilo como combatientes enemigos.
“Como todos sabemos, si eres un combatiente enemigo, puedes ser asesinado o detenido indefinidamente sin cargos ni juicio”, dijo. “Sería un eufemismo decir que se requieren saltos para seguir esa lógica. Se necesita hipervelocidad para superarla”.
Reverberaciones regionales
Daniel Noroña, director de incidencia para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos, afirmó que el ataque podría impulsar respuestas militarizadas en toda Latinoamérica. «Esta respuesta del gobierno de Trump está exacerbando la tendencia a militarizar las fuerzas del orden en todo el hemisferio occidental», afirmó.
Noroña dijo que tales medidas rara vez reducen el crimen, sino que casi siempre conducen a abusos de los derechos humanos.
“Estas medidas son ineficaces para combatir la delincuencia. Estigmatizan a las poblaciones vulnerables, especialmente a los sectores más pobres y marginados de la sociedad”, afirmó. “El personal militar no puede participar en actividades de aplicación de la ley. Estas acciones no fortalecen el Estado de derecho, sino que debilitan las instituciones”.
Advirtió que las acciones de Estados Unidos podrían crear un precedente peligroso. “Nos preocupa que este tipo de ataques, especialmente cuando son promovidos por Estados Unidos, transmitan el mensaje de que otros estados de la región pueden responder de la misma manera. Esto podría provocar un aumento de violaciones masivas de derechos humanos”, declaró Noroña.
‘Nuestro dolor está siendo utilizado’
Para algunas familias que han perdido a sus seres queridos por la crisis de opioides, la estrategia de la administración resulta un insulto. Susan Ousterman, madre en duelo y defensora de la reforma de las políticas de drogas, denunció el ataque.
“Este reciente ataque a un barco estadounidense frente a Venezuela no solo es preocupante, sino también indignante”, declaró. “Cada vez que se utiliza la fuerza militar bajo el lema de la guerra contra las drogas o cualquier medida punitiva, esta administración engaña al público estadounidense haciéndoles creer que nos están protegiendo”.
Ousterman señaló que la mayor parte del fentanilo ingresa a Estados Unidos a través de puertos de entrada legales, no por las rutas de contrabando del Caribe. “Enviar buques de guerra al extranjero no va a detener el fentanilo. No va a detener la crisis de opioides. Solo indica que nuestros líderes prefieren organizar operaciones de combate antes que asumir la responsabilidad de su papel en perpetuar la crisis”, afirmó.
Para quienes hemos enterrado a nuestros hijos, la falta de respeto de nuestro gobierno es abrumadora. En lugar de asumir la responsabilidad por décadas de políticas antidrogas fallidas, sufrimos más violencia. Nuestro dolor se usa como excusa para políticas que garantizan más muertes —dijo Ousterman—. Lo último que queremos es más violencia o muertes innecesarias, porque vivimos este dolor a diario.
Eric Eikenberry, director de relaciones gubernamentales de Win Without War, describió el ataque como parte de una tendencia autoritaria más amplia.
Este es el autoproclamado ‘presidente de la paz’ que lanza una campaña militar indefinida en Latinoamérica. Sin una misión clara. Sin una estrategia. Simplemente usa a las fuerzas armadas para asesinar personas en el extranjero como una cruda afirmación de poder sin control, mientras deja a las comunidades locales sufriendo”, dijo.
Eikenberry argumentó que la administración está agravando la crisis de opiáceos al recortar los programas de tratamiento mientras aumenta la fuerza militar en el extranjero.
“Expulsaron a gente de Medicaid. Están desmantelando programas de salud pública y reducción de daños que salvan vidas”, dijo. “Y ahora están ejecutando sumariamente a personas en el Caribe, sin juicio ni debido proceso”.
Fuente: Miami Herald
