Un juez federal falló el viernes en contra del gobierno del presidente Donald Trump para impedir que se ponga fin a las protecciones legales temporales que han otorgado a más de 1 millón de personas de Haití y Venezuela el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos.
El fallo del juez federal de distrito Edward Chen, de San Francisco, significa que 600.000 venezolanos cuyas protecciones temporales expiraron en abril o cuyas protecciones estaban a punto de expirar el 10 de septiembre tienen estatus para permanecer y trabajar en Estados Unidos. También mantiene las protecciones para unos 500.000 haitianos.
Chen dijo que las acciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al cancelar y anular tres extensiones otorgadas por la administración anterior, excedieron su autoridad legal y fueron arbitrarias y caprichosas.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no ha respondido a un correo electrónico enviado en busca de comentarios.
El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es una designación que el titular del DHS puede otorgar a personas que están en Estados Unidos si se considera que las condiciones en sus países de origen son inseguras para que regresen debido a un desastre natural, inestabilidad política u otras condiciones peligrosas.
Las designaciones se otorgan por períodos de 6, 12 o 18 meses, y se pueden conceder extensiones mientras las condiciones sigan siendo graves. El TPS impide que los titulares sean deportados y les permite trabajar.
Poco después de asumir el cargo, Noem revirtió tres extensiones otorgadas por el gobierno anterior a inmigrantes de Venezuela y Haití, lo que provocó la demanda. Noem dijo que las condiciones en ambos países habían mejorado y que permitir que los migrantes de esos países permanecieran en lo que es un programa temporal no conviene a los intereses nacionales.
Millones de venezolanos han huido de la agitación política, el desempleo masivo y el hambre en su país. Venezuela está sumida en una prolongada crisis provocada por años de hiperinflación, corrupción política, mala gestión económica y un gobierno ineficaz.
Haití fue designado por primera vez para el TPS en 2010 después de que un catastrófico terremoto de magnitud 7,0 causara muerte y lesiones a cientos de miles de personas, y dejara a más de 1 millón de personas sin hogar. Los haitianos enfrentan hambre generalizada y violencia de pandillas.
En el fallo, Chen dijo que diversos gobiernos han ejecutado la ley durante 35 años basándose en la mejor información disponible y consultando a otras agencias, llamándolo “un proceso que involucra un estudio y análisis cuidadoso. Hasta ahora”.
Reprendió a la secretaria por revocar “el estatus legal de los beneficiarios de TPS venezolanos y haitianos, enviándolos de regreso a condiciones que son tan peligrosas que incluso el Departamento de Estado desaconseja viajar a sus países de origen”.
La medida de Noem de revocar el TPS no sólo carecía de precedentes en la manera y rapidez con la que se tomó, sino que también viola la ley, escribió Chen.
