Un tribunal federal de apelaciones frenó el martes el intento del presidente Donald Trump de aplicar una ley de guerra del siglo XVIII para acelerar la deportación de migrantes acusados de pertenecer a la banda venezolana Tren de Aragua.
El fallo emitido por un panel de tres jueces del Quinto Circuito —uno de los tribunales federales más conservadores del país—, coincidió con los argumentos de defensores de inmigrantes que sostuvieron que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no fue diseñada para perseguir a grupos criminales en tiempos de paz, sino para aplicarse en conflictos bélicos declarados, de acuerdo con información de Associated Press.
La decisión supone un revés significativo para la Casa Blanca y allana el camino hacia un posible enfrentamiento final en la Corte Suprema.
“El uso de una ley de tiempos de guerra en tiempos de paz para regular la inmigración fue correctamente revocado por el tribunal”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la ACLU que encabezó la defensa.
Detalles de la medida
La medida prohíbe las deportaciones desde Texas, Luisiana y Misisipi. Los jueces Leslie Southwick (nombrado por George W. Bush) e Irma Carrillo Ramírez (designada por Joe Biden) votaron a favor, mientras que Andrew Oldham (nombrado por Trump) emitió un extenso voto disidente, acusando a sus colegas de invadir la autoridad presidencial en política exterior y seguridad nacional.
La Ley de Enemigos Extranjeros ha sido invocada solo en tres ocasiones: la Guerra de 1812 y las dos Guerras Mundiales. La administración Trump alegaba que el Tren de Aragua actuaba como un brazo del gobierno venezolano y representaba una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, lo que justificaría su aplicación.
El panel rechazó esa interpretación y señaló que las acusaciones no alcanzan los niveles históricos de hostilidad previstos por el Congreso. “Que un país aliente la migración ilegal no equivale a enviar una fuerza armada para invadir o dañar a Estados Unidos”, escribieron los jueces en la opinión mayoritaria.
Desde marzo, el gobierno de Trump ha intentado deportar a cientos de venezolanos señalados como integrantes del Tren de Aragua. Varios fueron enviados a una prisión de alta seguridad en El Salvador, lo que generó críticas de organismos de derechos humanos. En julio, más de 250 de ellos regresaron a Venezuela tras un acuerdo judicial.
El fallo, sin embargo, validó parcialmente el procedimiento de la administración al determinar que los avisos legales a los detenidos eran adecuados.
La administración aún puede apelar ante el pleno del Quinto Circuito o acudir directamente a la Corte Suprema, que ya ha intervenido dos veces en este caso. El máximo tribunal deberá definir si un grupo criminal como el Tren de Aragua puede ser catalogado como “enemigo extranjero” bajo la ley de 1798, una cuestión sin precedentes en la historia legal de Estados Unidos.
