La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles declaró un «estado de emergencia» para brindar ayuda financiera a residentes afectados por las redadas federales de inmigración, que se han intensificado en los últimos meses y han generado miedo e inestabilidad en las comunidades.
La medida, aprobada con cuatro votos a favor y uno en contra, permite destinar recursos a asistencia para el pago de alquiler y otros servicios para quienes hayan perdido ingresos a causa de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Según la supervisora Lindsey Horvath, el programa incluirá un portal en línea que estará disponible en los próximos dos meses para que los afectados puedan solicitar ayuda. La iniciativa también podría ser el primer paso hacia una moratoria de desalojos, aunque esa medida requeriría una aprobación adicional.
Las redadas migratorias —que se intensificaron durante el verano— han generado temor en la población. Agentes federales han detenido a personas en tiendas, lavaderos de autos, paradas de autobús y granjas, y algunos ciudadanos estadounidenses también han sido arrestados por error.
“Tenemos residentes que tienen miedo de salir de sus casas; familias que no saben dónde están sus seres queridos después de que fueron detenidos, y hogares que han quedado en la indigencia porque sus principales proveedores fueron sacados de sus trabajos”, expresó la supervisora Janice Hahn, quien respaldó la medida.
Arrestos masivos
De acuerdo con autoridades locales, más de 5.000 personas fueron arrestadas en Los Ángeles desde agosto como parte de la ofensiva federal. Un tercio de los 10 millones de habitantes del condado son extranjeros. Varias ciudades cancelaron celebraciones del 4 de julio y actividades comunitarias por temor a los operativos.
Desde junio, Los Ángeles se ha convertido en epicentro de la estrategia migratoria del gobierno de Donald Trump, que ha incluido el despliegue de la Guardia Nacional y de infantes de Marina en distintos puntos del condado durante más de un mes.
La supervisora Kathryn Barger fue la única en votar en contra de la declaración. Argumentó que las redadas no cumplen con los criterios legales para declarar una emergencia y advirtió que la medida podría afectar a los propietarios de viviendas.
“Es probable que enfrentemos desafíos legales”, señaló Barger, recordando las demandas que siguieron a la moratoria de desalojos impuesta durante la pandemia de covid-19.
Por su parte, Daniel Yukelson, director ejecutivo de la Asociación de Apartamentos del Gran Los Ángeles, criticó la posibilidad de una nueva suspensión de desalojos. Afirmó que los propietarios “aún se están recuperando de las pérdidas millonarias por rentas impagas durante la pandemia” y advirtió que nuevas medidas de este tipo “podrían agravar la escasez de viviendas asequibles”.
Pese a las diferencias, la mayoría de los supervisores coincidió en que la prioridad inmediata es proteger a las familias afectadas por la ola de detenciones.“Necesitamos enviar un mensaje claro: Los Ángeles no va a dejar desamparadas a las personas que viven y trabajan aquí”, concluyó Hahn.
CNN