El Gobierno de Estados Unidos aplicará a partir de este jueves una tarifa de 1.000 dólares a los nuevos beneficiarios del ‘parole’, un tipo de permiso de residencia temporal concedido especialmente a migrantes por razones urgentes humanitarias, y que ha enfrentado ataques de la Administración Trump.
El cargo aplica «para cualquier extranjero que reciba un permiso de permanencia temporal en los Estados Unidos que no cumpla con una excepción», se lee en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).
La agencia federal agregó que la nueva tarifa se aplicará a los extranjeros que reciban un permiso de permanencia temporal en Estados Unidos a través de este programa, incluidos aquellos que tienen una solicitud pendiente pero que aún no ha sido aprobada.
No obstante, incluye varias excepciones, para casos de emergencias médicas, asistencia a funerales o si el DHS entiende que la concesión del permiso resultará un «beneficio público significativo» para un extranjero «que ha ayudado o ayudará al Gobierno de los Estados Unidos en un asunto de aplicación de la ley», entre otras.
En caso de que el beneficiario del programa no emita el pago requerido, una vez se presente a inspección en un puerto de entrada o ya esté físicamente presente en los Estados Unidos, su permiso será cancelado, indicó el comunicado.
La nueva tarifa fue uno de los cambios que introdujo el pasado julio la ‘One Big Beautiful Bill'(Un gran y hermoso proyecto de ley), una iniciativa central en la agenda del presidente estadounidense, Donald Trump, que aumentó su margen de maniobra durante la actual legislación.
Los congresistas republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes habían propuesto el pasado abril implantar un cobro de 1.000 dólares por una solicitud de asilo, entre otros incrementos a los trámites migratorios. En varios de los casos, alguien que solicita asilo puede recibir un «parole» temporal.
La Administración Trump ha tomado medidas para desmantelar o limitar drásticamente el uso de este programa desde el regreso del magnate a la Casa Blanca el pasado enero.
El Gobierno ha tratado de revocar especialmente los programas de ‘parole’ creados para ciudadanos de Haití, Nicaragua y Venezuela, lo que ha elevado el riesgo de deportación de sus usuarios.
