El miércoles, los demócratas del Comité Judicial del Senado estadounidense solicitaron al Departamento de Justicia que entregue todos los dictámenes jurídicos elaborados por sus abogados para evaluar la legalidad de los 13 ataques militares contra presuntos buques de narcotráfico, en los que murieron aproximadamente 57 personas.
«La ejecución sumaria de presuntos delincuentes está prohibida por el derecho nacional e internacional, tanto en tiempos de paz como de guerra», escribieron en una carta dirigida a la fiscal general Pam Bondi, a la que tuvo acceso Reuters.
Estos recientes ataques suscitan numerosas dudas sobre si el Departamento de Justicia brindó la debida orientación legal a quienes participaron en la orden, planificación y ejecución de los asesinatos.
La carta fue impulsada por el senador demócrata de Vermont, Peter Welch, y firmada por todos los miembros demócratas del comité, incluido el senador Dick Durbin, miembro de mayor rango.
Un funcionario del Departamento de Justicia confirmó haber recibido la carta y afirmó que las operaciones militares ordenadas son «conformes al derecho de los conflictos armados».
Desde septiembre, las fuerzas armadas estadounidenses han llevado a cabo al menos 13 ataques contra presuntos buques de narcotráfico, principalmente en el Caribe. El Pentágono ha proporcionado pocos detalles sobre las personas atacadas, pero ha reconocido que entre ellas hay personas de Venezuela, Colombia y Ecuador.
La administración del presidente Donald Trump ha vinculado directamente a los gobiernos de Venezuela y, más recientemente, de la vecina Colombia, con el narcotráfico, acusaciones que ambos gobiernos niegan. La administración aún no ha presentado pruebas de que Estados Unidos se encuentre bajo una amenaza inminente por parte de estos buques, y algunos expertos legales han afirmado que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales ilegales.
El uso de las fuerzas armadas para atacar buques sospechosos de transportar narcotráfico representa un cambio radical con respecto a la forma en que Estados Unidos ha abordado históricamente este problema.
Por lo general, la Guardia Costera de Estados Unidos era la encargada de interceptar buques sospechosos de transportar narcotráfico. Un grupo de intervención interagencial conocido como «Panama Express», que formaba parte de los Grupos de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, dirigidos por fiscales del Departamento de Justicia, se encargaba de investigar y procesar los casos de narcotráfico derivados de las interdicciones marítimas en el Caribe y el Pacífico Oriental.
El Departamento de Justicia disolvió el grupo de trabajo contra el crimen organizado y el narcotráfico, y transfirió los casos restantes a un nuevo Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional.
Los legisladores criticaron la decisión del departamento de cerrar ese grupo de trabajo creado durante la administración Reagan y cuestionaron por qué agentes federales que habitualmente trabajan en casos de narcotráfico fueron reasignados a labores de control migratorio.
«Su departamento ha tomado medidas contraproducentes que socavan nuestros esfuerzos para frenar la epidemia de drogas», escribieron.
