Un memorando interno del Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago reveló que el gobierno caribeño se prepara para una deportación masiva de inmigrantes venezolanos en situación irregular, una decisión que podría tensar aún más las relaciones diplomáticas con Caracas y generar una crisis humanitaria en la región.
El documento, fechado el 27 de octubre y firmado por el secretario permanente Videsh Maharaj, ordena que todos los inmigrantes ilegales permanezcan detenidos en el Centro de Detención de Inmigrantes hasta su deportación, suspendiendo las medidas de libertad supervisada que se aplicaban a algunos casos. “Se está considerando la implementación de un proceso de deportación masiva”, señala el texto, cuya entrada en vigor es inmediata.
La filtración del memorando, publicada por medios locales como Trinidad y Tobago Guardian, da continuidad a política migratoria de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, quien hace apenas dos meses había prometido que su gobierno deportaría a 200 inmigrantes ilegales venezolanos.
La medida podría afectar a miles de venezolanos que han buscado refugio en Trinidad y Tobago en los últimos años, muchos de los cuales trabajan informalmente o tienen hijos nacidos en el país. Organizaciones de derechos humanos advirtieron que una deportación forzada de gran escala podría violar tratados internacionales sobre la protección de refugiados y exponer a familias vulnerables a graves riesgos al ser devueltas a Venezuela.
Tensiones entre ambos países
El anuncio coincide con un aumento de las tensiones diplomáticas entre Puerto España y Caracas, luego de que Venezuela denunciara una “provocación militar” de Trinidad y Tobago tras la llegada del destructor estadounidense USS Gravely al puerto de la capital trinitense.
El gobierno de Nicolás Maduro acusó a Trinidad de actuar “en coordinación con la CIA y el Comando Sur de EE. UU.” para “planear una guerra en el Caribe”, afirmando que el despliegue militar constituye “una amenaza hostil contra Venezuela y una grave amenaza a la paz regional”.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo venezolano aseguró haber capturado a un grupo de “mercenarios” supuestamente vinculados a la CIA, quienes planeaban ejecutar un ataque de “falsa bandera” desde aguas trinitenses. Caracas comparó la situación con los incidentes del Acorazado Maine (1898) y el Golfo de Tonkín (1964), que —según el gobierno— sirvieron de excusa para intervenciones militares estadounidenses.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó el lunes a Trinidad y Tobago de “servir de base militar extranjera” y actuar de manera “abyecta al imperialismo norteamericano”.
Respuesta de Trinidad y Tobago
Por su parte, la primera ministra Kamla Persad-Bissessar rechazó las acusaciones y afirmó que CARICOM “ha optado por Venezuela en lugar de Trinidad y Tobago”. Defendió la cooperación militar con Washington alegando que su país enfrenta una grave crisis de seguridad interna: “Estamos siendo atacados por el narcotráfico, las pandillas, los cárteles y el tráfico de armas. Eso no ocurre en otros países del Caribe”, dijo.
Persad-Bissessar sostuvo que su gobierno no ha recibido comunicación oficial sobre la suspensión del acuerdo gasífero y aseguró que Trinidad “no cederá ante chantajes” ni abandonará su apoyo a la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico en la región.
El despliegue del USS Gravely y la política de deportaciones masivas colocan a Trinidad y Tobago en el centro de una tormenta diplomática y militar que involucra a Venezuela, Estados Unidos y la Comunidad del Caribe.
Mientras Washington afirma que sus operaciones buscan “proteger el hemisferio occidental del narcoterrorismo”, Caracas sostiene que son “el preludio de una agresión militar”.
