Durante meses, Estados Unidos y El Salvador han alardeado del traslado de inmigrantes– presuntos delincuentes, según Washington–al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), cárcel insignia del presidente Nayib Bukele, en medio de su política de mano dura contra el crimen.
Pero a abominables crímenes han sido sometidos decenas de ciudadanos venezolanos deportados por el Gobierno de Donald Trump hacia la prisión del país centroamericano, según una investigación de Human Rights Watch (HRW), consignada en un informe de 81 páginas, titulado “‘Has llegado al infierno’: Tortura y otros abusos contra venezolanos en la megacárcel de El Salvador”.
“Todos los días los guardias venían a registrar las celdas (…) Nos sacaban a todos de nuestras celdas, nos hacían arrodillarnos, nos esposaban las manos a la espalda y nos ponían los brazos sobre la cabeza y nos golpeaban con porras, patadas y puños y luego nos dejaban arrodillados durante 30 o 40 minutos”, describió uno de los detenidos.
“Jugaban con sus porras en mi cuerpo”
Como él, decenas más fueron sometidos a golpizas, abusos físicos y sicológicos por parte de los guardias de ese centro penitenciario. 40 de los 252 ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos al territorio salvadoreño entre marzo y abril de 2025 describieron ser blanco de los vejámenes, indica el informe.
En esta imagen proporcionada por la oficina de prensa de la Presidencia de El Salvador, guardias penitenciarios trasladan a deportados de Estados Unidos, acusados de ser pandilleros venezolanos, al Centro de Reclusión contra el Terrorismo en Tecoluca, El Salvador, el domingo 16 de marzo de 2025.
En esta imagen proporcionada por la oficina de prensa de la Presidencia de El Salvador, guardias penitenciarios trasladan a deportados de Estados Unidos, acusados de ser pandilleros venezolanos, al Centro de Reclusión contra el Terrorismo en Tecoluca, El Salvador, el domingo 16 de marzo de 2025. AP
Tres personas detenidas en el Cecot denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual. Uno de ellos aseguró que cuatro guardias abusaron sexualmente de él y lo obligaron a practicarle sexo oral a uno de ellos. “Jugaban con sus porras en mi cuerpo”, declaró.
Asimismo, varios exdetenidos declararon que los oficiales los golpearon después de hablar con miembros del personal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) durante su visita a CECOT el pasado mayo.
Los guardias “me golpeaban constantemente en el estómago, y cuando intentaba respirar, empezaba a ahogarme con la sangre”, sostuvo uno de ellos.
“El Gobierno Trump es cómplice de tortura y otras violaciones graves”
No es la primera vez que investigadores, afectados y familiares de los detenidos denuncian violaciones a los derechos humanos en la cárcel insignia de Bukele. Sin embargo, el informe destaca que a pesar de las advertencias y declaraciones que califica de creíbles sobre la brutalidad con que son tratados los detenidos, Estados Unidos decidió enviar a los inmigrantes a ese lugar.
Entre ellos, remarca HRW, se encuentran personas a las que no se les comprobó la comisión de delitos, decenas de ellos solicitantes de asilo en EE. UU. tras huir de la persecución en Venezuela.
“El Gobierno de Trump pagó millones de dólares a El Salvador para detener arbitrariamente a venezolanos, quienes posteriormente fueron víctimas de abusos casi diarios por parte de las fuerzas de seguridad salvadoreñas (…) El Gobierno de Trump es cómplice de tortura, desaparición forzada y otras violaciones graves, y debería dejar de enviar personas a El Salvador o a cualquier otro país donde corran el riesgo de ser torturadas”, declaró Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
Además de los guardias de seguridad de la cárcel, las vejaciones han sido cometidas por la Policía antidisturbios de El Salvador, indica HRW, aun sin situaciones negativas en su conducta.
“Según el derecho internacional de los derechos humanos, estos abusos constituyeron tratos crueles, inhumanos o degradantes y, en muchos casos, tortura. Los guardias penitenciarios y la policía antidisturbios golpeaban regularmente a los venezolanos, incluso durante los registros diarios de las celdas, por infracciones menores —como hablar en voz alta o ducharse fuera de horario— o por solicitar asistencia médica”, subraya el informe.
Según la pesquisa de la organización defensora de derechos humanos, la Administración de Donald Trump proporcionó al menos 4,7 millones de dólares a El Salvador, incluyendo fondos para cubrir los costos de la detención de los hombres.
Human Rights Watch y Cristosal descubrieron que “aproximadamente la mitad de los venezolanos enviados al Cecot no tenían antecedentes penales, y solo el 3% había sido condenado en Estados Unidos por un delito violento o potencialmente violento. Verificaciones de antecedentes adicionales mostraron que muchos no habían sido condenados por delitos en Venezuela ni en otros países latinoamericanos donde habían vivido”, resalta el informe.
