El Gobierno cubano publicó este jueves en la Gaceta Oficial una serie de normativas que oficializan el uso de divisas extranjeras en la isla, formalizando la dolarización creciente impulsada desde el Ejecutivo en medio de la grave crisis que sufre el país.
Las normativas afectan a todos los actores económicos, tanto personas jurídicas como naturales, y se refieren en repetidas ocasiones al tipo de cambio, pero no establecen una nueva tasa, como el Ejecutivo había prometido que haría en la segunda mitad de este año.
El decreto-ley 113, la resolución 140/2025 del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), y las resoluciones 125/2025 y 126/2025 del Banco Central de Cuba (BCC) establecen «un nuevo mecanismo para la gestión, el control y la asignación de divisas, con el objetivo de incrementar los ingresos en moneda extranjera y lograr un uso más eficiente de los mismos», apunta el sitio web oficialista Cubadebate.
Según recogió el diario oficial Granma, la ministra presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado, aseguró que «ahora se introduce la posibilidad de que haya otras monedas de curso legal, de conjunto con el peso cubano, a fin de que puedan emplearse en operaciones de cobros y pagos en divisas entre los actores económicos que radican en Cuba».
En declaraciones a medios oficiales, el ministro de Economía y Planificación, Alonso Vázquez, afirmó que este paquete legal «viabiliza las transacciones en divisas» en Cuba, posibilidad que se eliminó con la fallida reforma monetaria de 2021 conocida como Tarea Ordenamiento.
Este cambio legal agudizó algunos problemas estructurales de la economía cubana, trabando algunas de las distorsiones que atenazan al país, cuyo producto interior bruto (PIB) ha caído un 11 % en los últimos cinco años.
En concreto, aquel cambio disparó el déficit público y la inflación (que más que ha triplicado los precios oficiales desde entonces), descapitalizó bancos y empresas estatales, y creó el contexto para la conformación de un mercado cambiario informal con un tipo de cambio muy distante del oficial.
La isla vive en una situación de «corralito» bancario no declarado. Las autoridades cubanas limitaron el año pasado las extracciones de pesos cubanos en efectivo a personas naturales y jurídicas, y este año informaron a las empresas extranjeras y embajadas que no iban a poder disponer libremente de sus depósitos bancarios en divisas para repatriar beneficios o extraer efectivo.
Granma señaló que el MEP será el encargado de autorizar «las transacciones en divisas que podrán realizarse en el país» según reglas que priorizarán las actividades de exportación, las producciones que se encadenen con el sector exportador, las que permitan sustituir importaciones, y otras que tributen al objetivo primario de incrementar los ingresos en divisas.
