Este lunes, el Ministerio Público confirmó la imputación y privación de libertad de Gabriel Peñaloza, asesino de los hermanos Faddoul, crimen que conmocionó al país hace 19 años, por lo que se le imputarán dos delitos.
A través de las redes sociales del Ministerio Público (MP), el Fiscal General Tarek William Saab indicó que la Fiscalía 66 Nacional Plena acusará a Peñaloza por los delitos de «secuestro con muerte en cautiverio» y «asociación».
Saab mencionó que dicho delincuente, tras privar de libertad a los hermanos, fue el autor material del asesinato de Kevin, Jeison Faddoul y John Faddoul, además de su chofer, Miguel Antonio Rivas, a quienes mantuvo secuestrados por varios días.
La semana pasada, funcionarios del Grupo de Acciones Especiales N° 42 del estado Aragua (GAES), adscritos al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), lograron la captura de Gabriel Alexander García Peñaloza, alias “Chande Bemba”, de 43 años, en la localidad de Cagua, estado Aragua, tras permanecer prófugo de la justicia desde hace 19 años.
Caso de los hermanos Faddoul
El secuestro de los hermanos Faddoul ocurrió el 23 de febrero de 2006 en Caracas, cuando un grupo de delincuentes, vestidos con uniformes de la extinta Policía Metropolitana, instaló una alcabala falsa en Vista Alegre para interceptar el vehículo en el que se dirigían al colegio Nuestra Señora del Valle. Los captores exigieron un rescate de 4,5 millones de dólares, pero el intento de negociación se frustró tras detectar presencia policial en la zona.
Tras 40 días de cautiverio, el 4 de abril de 2006, los cuerpos de las cuatro víctimas fueron hallados en el sector El Lechozal, en San Antonio de Yare, Valles del Tuy, con signos de tortura y heridas de escopeta en la cabeza. El crimen generó una profunda conmoción nacional y movilizaciones en diversas ciudades del país.
Dos días después del hallazgo, fue detenida Julia Charte, encargada de llevar alimentos a los secuestrados. Su testimonio permitió una serie de allanamientos que derivaron en cerca de 20 arrestos. Finalmente, 17 personas (incluidos cuatro funcionarios de la Policía Metropolitana) fueron condenadas a 30 años de prisión por su participación en el hecho.