En una nueva escalada de declaraciones que eleva la tensión en el hemisferio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró este jueves que posee la autoridad ejecutiva suficiente para ordenar ataques aéreos contra intereses de los carteles de droga dentro del territorio de Venezuela, sin necesidad de someterse a la votación o autorización previa del Congreso estadounidense.
Durante una comparecencia ante los medios en la Casa Blanca, el líder republicano minimizó el rol de supervisión del Legislativo en este tipo de operaciones específicas. Aunque se mostró dispuesto a compartir inteligencia, dejó claro que lo haría por cortesía y no por obligación legal.
«No me importaría contárselo (al Congreso), pero no es para tanto. No tengo por qué decírselo, ya está comprobado», sentenció Trump. Estas declaraciones surgen tras días de advertencias directas al Gobierno de Nicolás Maduro, en las que Washington ha anticipado el inicio inminente de ataques contra «objetivos terrestres» en la nación caribeña.
Asedio petrolero y reclamos históricos
La estrategia de presión máxima de la Casa Blanca ha tomado múltiples frentes esta semana. El pasado martes, a través de sus redes sociales, Trump anunció una medida de bloqueo naval dirigida a interceptar cualquier petrolero sancionado que intente entrar o salir de Venezuela con carga de crudo.
En la misma comunicación, el mandatario justificó estas acciones acusando al Estado venezolano de haber sustraído activos y yacimientos petrolíferos pertenecientes a Estados Unidos, una referencia directa a las olas de expropiaciones y nacionalizaciones ejecutadas durante la administración del fallecido expresidente Hugo Chávez.
La «guerra» y los límites constitucionales
El contexto militar en la región ha cambiado drásticamente desde el verano, cuando Trump ordenó un despliegue masivo de fuerzas en la cuenca del Caribe bajo la bandera de la lucha antinarcóticos. La situación se tornó cinética a partir de septiembre: las fuerzas estadounidenses han bombardeado de forma sumaria más de dos docenas de embarcaciones sospechosas, descritas como narcolanchas, operativos que han dejado un saldo de alrededor de cien muertos.
Sin embargo, la afirmación de poder absoluto hecha hoy por Trump tiene un contrapeso legal que su propia administración ha reconocido. Apenas dos días antes de estas declaraciones, se hizo pública una entrevista con Susie Wiles, secretaria del Gabinete presidencial.
Wiles marcó una línea roja constitucional al admitir que una incursión con tropas —botas sobre el terreno— cambiaría la naturaleza del conflicto. La funcionaria reconoció que un despliegue militar en suelo venezolano significaría «la guerra», escenario ante el cual el presidente republicano estaría obligado, inevitablemente, a buscar el beneplácito y la autorización formal del Congreso.
Con información de EFE.