El Gobierno de Estados Unidos lanzó este martes una ofensiva financiera contra 10 individuos y entidades que sostienen la alianza militar entre Venezuela e Irán. Con esta medida, Washington busca frenar la expansión de los programas bélicos iraníes en el continente americano y desmantelar la cooperación armamentística que impulsa el régimen de Nicolás Maduro.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) dirigió sus acciones principalmente contra una empresa venezolana que adquiere, ensambla y opera drones de combate diseñados por Teherán.
John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, garantizó que el gobierno estadounidense responderá con determinación ante esta estructura de cooperación.
“El Tesoro exige responsabilidades a Irán y Venezuela por su agresiva e imprudente proliferación de armas letales en todo el mundo. Seguiremos actuando con rapidez para impedir que quienes facilitan el acceso del complejo militar-industrial iraní al sistema financiero estadounidense lo sigan haciendo”, declaró Hurley.
El Tesoro fundamenta estas sanciones en restricciones previas de la ONU contra Irán, reactivadas entre octubre y noviembre. Según los informes oficiales, los programas de drones y misiles iraníes amenazan directamente al personal de EE. UU. y sus aliados en Oriente Medio, además de poner en riesgo rutas comerciales críticas como el Mar Rojo.
Washington alertó que el flujo de armas convencionales desde Irán hacia Venezuela “amenaza los intereses estadounidenses en el hemisferio occidental, incluido el territorio nacional”. Por ello, la Casa Blanca prometió agotar todas las herramientas legales para bloquear este intercambio.
La relación técnica entre Teherán y Caracas data de 2006. Desde entonces, ambos países coordinan el envío de drones de la serie Mohajer, producidos por Qods Aviation Industries (QAI). En Venezuela, estas aeronaves reciben el nombre de Ansu. Cabe destacar que Washington ya sancionó a QAI en 2023 por operar bajo el mando del Ministerio de Defensa iraní (Modafl), entidad también designada desde 2020 por traficar armamento.
Las autoridades identificaron a la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (Eansa) como el eje central de esta operación en Venezuela. La Ofac señala que Eansa negoció de forma directa con QAI la compra del Mohajer-6, un vehículo aéreo no tripulado (UAV) capaz de ejecutar tareas de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y combate.
Eansa no solo ensambla las aeronaves que Irán le vende, sino que también garantiza el mantenimiento de los drones que ya utilizan las Fuerzas Armadas venezolanas, como el Mohajer-2 (conocido localmente como Arpia o Ansu-100). Este modelo posee la capacidad de lanzar bombas aire-tierra guiadas Qaem, también de ingeniería iraní.
La sanción alcanza personalmente a José Jesús Urdaneta González, presidente de Eansa. El Tesoro lo acusa de coordinar la producción de estos drones en suelo venezolano mediante negociaciones con representantes militares de ambos regímenes.
Tanto la compañía como su presidente entran en la lista negra bajo la Orden Ejecutiva 13949. Esta norma faculta al Tesoro para castigar a cualquier actor que asista, financie o brinde apoyo tecnológico al complejo militar iraní o a entidades restringidas.
Como consecuencia inmediata, estas sanciones congelan todos los activos de los implicados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense. Además, prohíben estrictamente que ciudadanos o empresas de EE. UU. realicen cualquier tipo de transacción con los designados.
Hasta el momento, el gobierno de Nicolás Maduro ha guardado silencio ante esta nueva presión internacional, la cual profundiza su aislamiento debido al uso de tecnología de combate iraní en operaciones internas.
