La delegación de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó este martes su rechazo al informe de actualización presentado por el alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, y lo instó a realizar una “profunda reflexión”.
El representante venezolano en la ONU afirmó que desde hace varios años Venezuela ha denunciado que las resoluciones impuestas por un grupo de países obedecen a la llamada política de “máxima presión” ejercida por Estados Unidos, con el objetivo de «forzar un cambio de régimen en el país».
Señaló que la escalada militar estadounidense en el Caribe es prueba de esta política, y recordó que la resolución de 2019 fue aprobada por 19 países, de los cuales 18 habían reconocido a un gobierno paralelo impuesto por Estados Unidos, 13 de ellos europeos, que recientemente extendieron sanciones que violan los derechos humanos de los venezolanos.
“EE.UU. y Europa han intervenido en Venezuela con financiamiento, con sus ONG, operaciones encubiertas, sabotaje al sistema eléctrico y electoral, terrorismo contra la industria petrolera y planes de magnicidio, para crear las condiciones de desestabilización que sustentaran su relato”, aseguró el representante. Añadió que algunos países del Consejo de Derechos Humanos y la oficina del Alto Comisionado han sido utilizados como “caja de resonancia” para estas operaciones de «cambio de régimen».
Cuestionó la «credibilidad» de los defensores de DD. HH.
El diplomático enfatizó que la defensa de los derechos humanos requiere «credibilidad». Señaló en primer lugar, la de los Estados que, dijo, se «autoproclaman moralmente superiores»; y en segundo lugar, la del propio sistema, sus metodologías y su independencia. “Lo que usted ha presentado hoy niega ampliamente la idea de independencia y objetividad que todo funcionario debe tener”, subrayó.
Criticó que el informe se base en «fuentes sesgadas, parcializadas o inventadas», y señaló que esto evidencia “un grave problema de supervisión y contrastación, así como un alineamiento con potencias que condicionan el financiamiento y asignan altos presupuestos a resoluciones ilegítimas contra Venezuela”.
El representante venezolano también cuestionó la selectividad del sistema de derechos humanos: “Los funcionarios de su oficina nos han informado que la gravedad de los derechos humanos en otros países, que no aparecen en el radar del Consejo, es exponencialmente más crítica que en Venezuela. Este doble rasero está matando el sistema de derechos humanos”.
Asimismo, puso como ejemplo la actuación de Estados Unidos frente al «robo de un barco petrolero y la desaparición de su tripulación», preguntando por qué no hay pronunciamientos inmediatos de la ONU ni del alto comisionado frente a estos hechos. “Si hubiese sido Venezuela la que abordara un barco en estas condiciones, el Alto Comisionado se habría pronunciado en menos de 24 horas”, destacó.
Por todo ello, la delegación venezolana reiteró su rechazo al informe de actualización de la ONU y llamó a Volker Türk a reflexionar sobre la selectividad y los sesgos de su oficina, advirtiendo que de no corregir esta “perversión destructiva”, enfrentará “el juicio de los pueblos y de la historia”.
¿Qué dijo Volker Türk?
El rechazo venezolano se produce luego de que Volker Türk, durante la presentación de su informe, solicitara la “liberación incondicional de todos los presos políticos” en el país, mencionando a Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda. También pidió investigaciones rápidas e independientes por la muerte de cinco personas detenidas relacionadas con las elecciones presidenciales de 2024, incluyendo al dirigente Alfredo Díaz.
Türk advirtió sobre «restricciones a la libertad de expresión y reunión pacífica, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado en la Milicia Bolivariana, amenazas de retiro de nacionalidad a opositores, y la utilización de aplicaciones móviles para que la población denuncie a vecinos o colegas según su corriente política».
También manifestó preocupación por la «militarización del país» y las tensiones en el Caribe, instando a Estados Unidos a «apegarse al derecho internacional en la lucha antidrogas y a permitir a sus colegas retomar actividades en Venezuela».
