El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, dio luz verde a una nueva reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos con el fin de atraer, facilitar y proteger inversiones privadas y extranjeras en el sector petrolero, en momentos en que EE.UU. tiene en la mira el crudo venezolano y aboga por el regreso de multinacionales al país caribeño.
El proyecto de ley de «reforma parcial» es una de las doce iniciativas legislativas del Ejecutivo, encabezado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien hace una semana entregó la propuesta a la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), presidida por su hermano, Jorge Rodríguez.
Ley Orgánica de Hidrocarburos fue promulgada en 2001 en reemplazo de una norma de 1943, la cual había unificado el marco legal petrolero y que, según recuerda la estatal PDVSA, «introdujo el famoso fifty-fifty», es decir, la repartición equitativa de los ingresos entre el Estado y las compañías.
En 2006, el texto vigente fue sometido a una reforma impulsada por el entonces presidente Hugo Chávez para aumentar la participación estatal y el control sobre la actividad petrolera.
La reforma
La reforma planteada por la mandataria encargada tiene 18 artículos.
Entre sus cambios prevé que las actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) no solo podrán ser realizadas exclusiva o mayoritariamente por el Estado, sino también por «empresas privadas domiciliadas» en el país, «en el marco de contratos suscritos con empresas de exclusiva propiedad de la República o sus filiales», según el documento compartido a EFE por un diputado bajo la condición de anonimato.
También se suma un nuevo artículo que establece que las controversias que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes «podrán ser decididas por los tribunales competentes de la república o mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes independientes».
La propuesta fue aprobada este jueves con «mayoría calificada evidente» por el Parlamento en primera discusión, por lo que ahora irá a una etapa de consultas y de evaluación detallada por parte de la Comisión de Energía y Petróleo, para luego pasar a un segundo y último debate artículo por artículo en el pleno del Parlamento antes de su aprobación definitiva.
El contexto
Este proyecto es la primera normativa que discute la nueva AN, instalada el pasado 5 de enero -dos días después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores- para el período 2026-2031, con una mayoría chavista por segundo periodo consecutivo, tras unas elecciones a las que no se postuló la oposición mayoritaria.
La reforma se prepara en un contexto marcado por el manifiesto interés del presidente estadounidense, Donald Trump, en el petróleo venezolano, por el que celebró recientemente una reunión en la Casa Blanca con los ejecutivos de las principales empresas petroleras del mundo, durante la que ofreció «protección y seguridad del gobierno» a largo plazo.
Según Trump, para quien Venezuela ganará con el petróleo más dinero «en los últimos seis meses» de lo que lo ha hecho en los últimos veinte años, el plan es que las estadounidenses inviertan «al menos 100.000 millones de dólares de su propio capital, no del dinero del gobierno», para revitalizar las infraestructuras en el país suramericano y, con el tiempo, aumentar la producción de crudo.
Liderazgo «muy firme»
La presidenta encargada, quien Trump consideró este jueves que «ha demostrado un liderazgo muy firme», explicó al presentar la iniciativa que la idea es permitir que «flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos» petrolíferos, así como «fortalecer la seguridad jurídica y lograr resultados más rápidos».
El titular del Parlamento venezolano dijo esta semana que el propósito es que «la inversión extranjera en petróleo pueda desarrollarse de manera adecuada» y que vaya a «estar protegida».
Por su parte, el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, el diputado Orlando Camacho, aseguró que se busca «aumentar las garantías jurídicas para la inversión extranjera y nacional».
Camacho señaló que la reforma incorpora un tipo de acuerdos denominados «contratos de participación productiva» que, según expertos, es el modelo implementado con empresas como la estadounidense Chevron y que permite elevar la participación privada.
