La administración de Donald Trump avanza a paso firme en su política hacia Venezuela, combinando el restablecimiento de presencia diplomática en Caracas con un endurecimiento significativo de los requisitos migratorios para ciudadanos venezolanos que buscan ingresar a Estados Unidos.
Fuentes cercanas a las negociaciones, citadas por Bloomberg, revelaron que Washington ha solicitado al personal local preparar la embajada estadounidense en Caracas para la posible llegada de funcionarios esta misma semana.
Aunque no hay fecha oficial para la reapertura formal, este movimiento confirma la intención de reactivar canales directos en el país sudamericano, tras la captura de Nicolás Maduro el 28 de diciembre de 2025.
La sede diplomática había estado cerrada desde 2019, en medio de la escalada de sanciones contra el régimen chavista.
En paralelo, el Departamento de Estado incluyó a Venezuela en una lista ampliada de 38 países –mayoritariamente de África, América Latina y Asia del Sur– cuyos solicitantes de visas de turismo (B-1) o negocios (B-2) deberán pagar fianzas de entre 5.000 y 15.000 dólares.
Esta medida, parte de un programa piloto iniciado en agosto de 2025, busca disuadir la permanencia irregular.
El monto se determinará durante la entrevista consular y se pagará a través de la plataforma Pay.gov del Tesoro; no garantiza la aprobación de la visa y solo se reembolsará si el viajero cumple estrictamente las condiciones y abandona EE.UU. a tiempo.
Además, los venezolanos sujetos a esta fianza solo podrán ingresar y salir por tres aeropuertos designados: Logan (Boston), JFK (Nueva York) y Dulles (Washington D.C.), facilitando el monitoreo. Las nuevas restricciones entrarán en vigor el 21 de enero para los países recientemente incorporados, incluyendo Venezuela, Cuba, Nigeria y Zimbabue.
El gobierno estadounidense justifica estas acciones como mecanismos para fortalecer la seguridad fronteriza y combatir el abuso de visas temporales.
